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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 42514         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h
Voto particular del Magistrado Abraham S. Marcos Valdés, en la contradicción de tesis 27/2016.

En esencia, la resolución mayoritaria sostiene que la interpretación del artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, debe hacerse conforme a su texto literal, en el sentido de permitir la subsistencia del mandato después de la muerte del mandante, sin límites temporales y sin restricción de ninguna clase.

Disiento de esa postura, por las siguientes razones:

El artículo 2595, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) categóricamente establece que el mandato termina por la muerte del mandante.

El fundamento filosófico, la razón última del precepto radica en la esencia misma del mandato, porque si éste no encierra en el fondo más que una extensión de la personalidad, en cuya virtud la actividad del mandante, limitada en su ejercicio por las imposiciones de su condición corpórea, se extiende dándole la ubicuidad que le permite actuar a un mismo tiempo y en distinto espacio, tiene entonces que concluirse que la muerte del mandante priva al mandato de su razón de ser, puesto que no hay persona cuyo ámbito de actuación pueda ampliarse.

Al ocuparse de la cuestión, Laurent(1) invoca a Pothier, y dice: "... el motivo que da Pothier para justificar la conclusión del mandato, es un motivo de derecho que parece relacionarse con la misma esencia del mandato; el mandato es una representación del mandante por el mandatario; y ¿Puede representarse al mandante cuando dejó de existir?"

Un motivo adicional que explica la extinción del mandato por la muerte del mandante, no menos importante, consiste en que, desde el punto de vista del mandante, el mandato descansa en la confianza que el propio mandante le dispensa al mandatario, esto es, es un contrato que se celebra intuitu personae y, por tanto, la muerte del mandante le pone fin, toda vez que la confianza que el mandante tiene en el mandatario no se transmite a los herederos (quienes tal vez ni siquiera conozcan al mandatario), puesto que la "confianza" no constituye un derecho u obligación susceptible de ser transmitido como si formara parte integrante del patrimonio del mandante fallecido.

La confianza -actitud mental que inclina a creer o esperar algo o de alguien- por su naturaleza es estrictamente personal, es sinónimo de fe y, por ello, no puede decirse que por ministerio de ley se transmita a los herederos al morir el mandante.

Al respecto, el Diccionario de la «Lengua Española» de la Real Academia Española en su primera acepción define el vocablo "confianza" de la siguiente forma: "Confianza: De confiar. 1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo."; y el propio diccionario define el vocablo "confiar" de la siguiente manera: "Confiar: Del lat. *confidere, por confidere. Conjug. c. enviar. 1. tr. Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. 2. tr. Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. U. t. c. prnl. 3. tr. Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea. 4. intr. Esperar con firmeza y seguridad. U.t.c. prnl".

Sobre ese punto, Rafael Rojina Villegas,(2) dice:

"Como el mandato implica un cargo de confianza y, por consiguiente, es un contrato intuitu personae, por la muerte de cualquiera de las partes se da fin a la relación jurídica, ..."

Asimismo, Manuel Mateos Alarcón, (3) sostiene:

"El mandato supone que el mandante tiene confianza en el mandatario, toda vez que pone en sus manos la dirección de sus intereses ..."

"... El mandato reposa especialmente en la confianza, o lo que es lo mismo, es un contrato que se celebra intuitu personae; y por tanto, no debe llamar la atención, que la muerte del mandante o del mandatario ponga a fin a ese contrato, y no se transmitan a los herederos los derechos y obligaciones que de él nacen, como en los demás contratos."

A su vez, Planiol, (4) señala:

"El mandato puede terminar por las mismas causas que todos los demás contratos. Pero, además, habiéndose celebrado intuitu personae, termina por voluntad o por muerte de una u otra de las partes."

Sentado lo anterior, el artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), dispone:

"Artículo 2600. Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio."

Como se ve, el precepto transcrito permite la subsistencia del mandato después de la muerte del mandante, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.

A fin de fijar el correcto alcance de esa disposición, debe tenerse en cuenta el cambio profundo que en la situación del mandato trae consigo la muerte del mandante.

En efecto, por una parte, la muerte del mandante deja al mandato sin razón de ser; no hay ya persona que pueda ser representada ni, por consiguiente cabe, para ese entonces, hablar de la sustitución real y efectiva de la voluntad del representado por las declaraciones de su representante, que caracteriza al contrato; al contrario, el ejercicio del mandato a pesar de la muerte del mandante, sin la presencia y vigilancia de éste, propicia que el mandatario abuse y sea él el que imponga su voluntad.

Y, por otro lado, como el mandato descansa especialmente en la confianza que en lo personal tiene el mandante en el mandatario, la desaparición del mandante hace desaparecer esa base en que el contrato se sostenía, toda vez que la confianza del mandante, dada su naturaleza estrictamente personal, no se transmite a los herederos, quienes tal vez ni siquiera conozcan al mandatario, ni la "confianza" puede calificarse como activo o pasivo integrante del patrimonio que, por ministerio de ley, pro indiviso, pase a los herederos a la muerte del autor de la herencia.

En esas condiciones, siendo tan radicalmente distinta la situación del mandato tras la muerte del mandante, debe estimarse que si a pesar de ello y por disposición de la ley el mandato ha de subsistir, su subsistencia no permite ni puede permitir al mandatario actuar como ordinariamente lo haría en vida del mandante, y tiene entonces que entenderse, racionalmente, que la subsistencia del mandato, después de la muerte del mandante, necesariamente ha de restringirse, es de carácter excepcional, extraordinaria, limitada precisamente a situaciones en que la urgencia, el inminente peligro, la necesidad inaplazable de actuar, autoricen el ejercicio del mandato en circunstancias que son claramente contrarias a la naturaleza misma del contrato.

En la inteligencia de que, de esa manera, no se causa perjuicio a los herederos, porque de darse la urgencia o necesidad inaplazable, entrará el mandatario en acción, y, de no presentarse esas circunstancias, tocará a los herederos, como es normal, colocarse en situación de poder hacer valer sus derechos.

Lográndose, con lo anterior, dar coherencia al sistema.

Debe agregarse que si bien en los casos en que el mandato se otorga para cumplir un objetivo determinado, concluye una vez que se agota, esto no excluye que el mandato termine antes por otras causas.

Sobre el particular, Mateos Alarcón, (5) expone:

"... el negocio para el cual fue otorgado el mandato, puede convertirse, por circunstancias supervenientes en perjudicial o inoportuno para los intereses del mandante, que es el único competente para decidir acerca de su conveniencia, y por tanto, debe tener facultad de impedir su ejecución, revocando el mandato."

Así, a pesar de no haber concluido el encargo para el cual fue otorgado el mandato, incumbe exclusivamente al mandante, no al mandatario, resolver acerca de la conveniencia de hacerlo, ya sea por el tiempo transcurrido o por cualquier otra circunstancia, y es por ello, que el mandante tiene la facultad de revocar el mandato con independencia de que no haya terminado el negocio o asunto para el cual fue encomendado.

Ahora bien, si el mandante ha muerto y no existe ya la posibilidad de que pondere sobre la conveniencia de actuar de uno u otro modo, y ni siquiera de que esté enterado del estado del asunto, debe considerarse, acorde con las ideas previamente expresadas, que el mandatario estará facultado para llevar hasta su conclusión el asunto encomendado, siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen, esto es, que se esté frente a una situación que revista urgencia, necesidad inaplazable o peligro inminente en caso de no hacerlo; de lo contrario, corresponderá a los herederos decidir lo conducente, poniéndose, como se dijo, en situación de poder ejercitar sus derechos.

Luego, el artículo 2600 del Código Civil debe ser interpretado restrictivamente, porque estimar que el mandato subsiste sin restricción y sin límite de tiempo después de la muerte del mandante, contraviene el postulado del legislador racional y un elemental principio de coherencia del sistema jurídico, pues implica el contrasentido de establecer terminantemente la ley que el mandato concluye por la muerte del mandante, y a la vez que subsiste exactamente en los mismos términos y puede el mandatario actuar como ordinariamente lo hacía en vida del mandante.

Por ello, la tesis mayoritaria también es posible llevarla a la formulación de interrogantes:

¿A quién representa el mandatario después de la muerte del mandante?

¿Representa al mandante? Es imposible, toda vez que no puede representarse a una persona que no existe.

¿Representa a los herederos? Tampoco es posible, puesto que el contrato se celebra intuitu personae y, por ello, la muerte del mandante le pone fin, dado que la confianza que el mandante tiene en el mandatario no se transmite a los herederos, quienes tal vez ni siquiera conozcan al mandatario.

¿Acaso representa el mandatario a un patrimonio? No puede ser, porque el patrimonio es un atributo de la persona y no un ente con vida propia.

Se está, pues, frente al extraño caso de un mandatario que no representa a nadie y que, sin embargo, diciéndose representante de un muerto, puede actuar a su antojo sin importar las circunstancias y sin límite de tiempo, a no ser que los herederos, esos increíbles desconocedores permanentes de la existencia de la herencia, o afectados de obsesiva litigiosidad, decidan por fin ocuparse de sus negocios, si es que todavía los encuentran, porque de no ser así, de persistir en su ignorancia o perenne estado de conflicto, ya podrá el mandatario seguir actuando a nombre del difunto hasta el día de su propia muerte, y aún más, llevando hasta sus últimas consecuencias la tesis mayoritaria, podrán ser los herederos del mandatario, por obra de la denominada "ultra actividad", quienes prosigan en el ejercicio del mandato mientras no pidan se les exima de hacerlo.

Ninguna ley fomenta la negligencia y tampoco la inercia o abandono del derecho, por lo que no cabría sostener que el legislador, procurando remediar la dejadez o incuria de los herederos, procedió a autorizar al mandatario para actuar a nombre del fallecido mandante sin limitación alguna. Al contrario, si es que se quiere dar al sistema la debida coherencia, tiene que aceptarse que si el legislador, enseguida de reconocer, como es natural, que el mandato concluye por la muerte del mandante, dispuso su subsistencia para evitar perjuicio a los herederos, no tuvo, desde luego, el propósito de desnaturalizar el contrato facultando al mandatario para actuar exactamente en las mismas condiciones en que lo haría en vida del mandante, sino que previó un estado de cosas excepcional, y no así, incoherentemente, una continuación del mandato en condiciones idénticas a las que prevalecían en vida del mandante.

Y siendo, como no podría de ser de otro modo, una hipótesis de excepción, la actuación del mandatario debe ser restringida, limitarse, como antes se dijo. Así lo corrobora la misma doctrina que cita la mayoría, que en vez de avalar su postura la viene a desvirtuar, toda vez que esa doctrina alude al "peligro" como razón que explica la continuación del mandato; peligro del que no puede hablarse si no se da la urgencia o necesidad inaplazable de actuar, y de ahí que después de la muerte del mandante toque a los herederos, como es normal para cualquier persona que goce de capacidad, colocarse en situación de poder ejercitar sus derechos, salvo que circunstancias excepcionales autoricen lo contrario.

Lo confirman las tesis que menciona la resolución mayoritaria, puesto que se refieren a la actuación del mandatario, a nombre del mandante fallecido, en procedimientos judiciales en curso, siendo evidente que en tal supuesto se presenta la urgencia o necesidad inaplazable de actuar, y no puede decirse lo mismo, en cambio, del mandatario que ¡¡cinco años!! después de la muerte del mandante se presenta a promover en su nombre un juicio sobre rescisión de contrato. Para la tesis mayoritaria, no obstante, bien podrían haber sido veinte o cincuenta años y la conclusión sería la misma.

En la inteligencia, finalmente, de que la cuestión no consiste en si debe o no presumirse que el mandatario ha de actuar de buena fe, sino en hallar el punto de coherencia entre las disposiciones integrantes de un sistema jurídico, y precisamente la interpretación restrictiva persigue ese objetivo. Además, siendo uno de los fines del derecho el de mantener en equilibrio la convivencia humana, es claro que ese propósito se satisface mejor cuando se previene la realización de conductas antijurídicas, en vez de propiciarlas para después reprimirlas, como en esencia lo hace la tesis mayoritaria, bajo el argumento de la buena fe. Sobre el particular, es atendible la opinión de Ferreira Rubio,(6) si bien referida a las soluciones legislativas, de igual manera aplicable a las soluciones jurisprudenciales:

"No puede caerse en el absolutismo de pensar que todas las normas de un determinado conjunto estarán directamente inspiradas por el principio de buena fe. Junto a éste estarán otros que también informan el ordenamiento y, al informarlo, llevan al legislador a la adopción de una solución en lugar de otra..."

En conclusión, la tesis que en mi concepto debió sustentarse, es la siguiente:

MANDATO. SU SUBSISTENCIA DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE ESTÁ LIMITADA A CASOS DE URGENCIA O NECESIDAD INAPLAZABLE. La muerte del mandante trae consigo un cambio profundo en la situación del mandato. Por una parte, en virtud de que deja al mandato sin razón de ser, pues no hay ya persona que pueda ser representada ni, por consiguiente cabe, para ese entonces, hablar de la sustitución real y efectiva de la voluntad del representado por las declaraciones de su representante, que caracteriza al contrato; al contrario, el ejercicio del mandato a pesar de la muerte del mandante, sin la presencia y vigilancia de éste, propicia que el mandatario abuse y sea él el que imponga su voluntad. Y, por otro lado, como el mandato descansa especialmente en la confianza que en lo personal tiene el mandante en el mandatario, la desaparición del mandante hace desaparecer esa base en que el contrato se sostenía, toda vez que la confianza del mandante, dada su naturaleza estrictamente personal, no se transmite a los herederos, quienes tal vez ni siquiera conozcan al mandatario. En esas condiciones, lo dispuesto por el artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), al establecer que: "Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultan algún perjuicio", debe interpretarse en el sentido de que la subsistencia del mandato no permite ni puede permitir al mandatario actuar como ordinariamente lo haría en vida del mandante, debiendo entenderse, racionalmente, que la subsistencia del mandato, después de la muerte del mandante, necesariamente ha de restringirse, es de carácter excepcional, extraordinaria y limitada a situaciones en que la urgencia, el inminente peligro, la necesidad inaplazable de actuar, autoricen el ejercicio del mandato en circunstancias que son contrarias a la naturaleza del contrato; sin que tal restricción cause perjuicio alguno a los herederos, porque de darse la urgencia o necesidad inaplazable, entrará el mandatario en acción y, de no presentarse esas circunstancias, tocará a los herederos, como es normal, colocarse en situación de poder hacer valer sus derechos; lográndose, con lo anterior, dar coherencia al sistema.







______________
1. Principios de Derecho Civil Francés, tomo XXVIII, p. 100.

2. Derecho Civil Mexicano , tomo sexto, volumen II, p. 83.

3. Estudios sobre el Código Civil del Distrito Federal, tomo IV, pp. 526 y 529.

4. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, tomo XI, p.842.

5. Obra citada, p. 526.

6. La buena fe. El Principio General en el Derecho Civil, pág. 294.


Este voto se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.



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