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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27671         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL. CONFORME AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ESTÁN EXCLUIDOS DE SU APLICACIÓN LOS CONTRIBUYENTES QUE HASTA ANTES DE SU VIGENCIA TRIBUTABAN CONFORME AL RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 273/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos respecto de la que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el administrador general jurídico del Servicio de Administración Tributaria, encargado de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, autoridad tercero interesada en el juicio de amparo directo 21/2016 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.

TERCERO.-Para dirimir la denuncia de contradicción de tesis resulta conveniente informar las posturas que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito a través de las ejecutorias respectivas.

Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito:

Los mencionados órganos colegiados conocieron, respectivamente, de los amparos directos 21/2016, 477/2016 y 527/2016, promovidos contra las sentencias dictadas en juicios de nulidad en que se controvirtieron las respuestas negativas de las autoridades hacendarias al aviso o cambio de régimen fiscal realizado por los contribuyentes para tributar en el régimen de incorporación fiscal, en vez de hacerlo en el general, ambos aplicables a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

En dichas ejecutorias, los citados Tribunales Colegiados de Circuito establecieron, en esencia, que conforme al artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero del dos mil catorce, los contribuyentes que antes de su vigencia tributaban conforme al régimen general, están excluidos del régimen de incorporación fiscal.

Lo anterior, porque de la exposición de motivos de dicho ordenamiento se advierte que entre sus finalidades están la de sustituir los regímenes intermedio y de pequeños contribuyentes, por el de incorporación fiscal para incentivar la creación de empresas en la formalidad e invitar a los contribuyentes informales a regularizar su situación fiscal.

Indicaron que de la lectura de las demás disposiciones que regulan el régimen de incorporación fiscal, se advierte que constituye un régimen transitorio que pretende introducir a los nuevos contribuyentes a la formalidad fiscal, o bien, facilitar el tránsito de aquellos que pertenecían a los regímenes sustituidos al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

A partir de lo anterior, concluyeron que si se atiende a la interpretación auténtica del mencionado artículo 111, esto es, la de su creador, es claro que las personas físicas con actividades empresariales y profesionales que hasta antes de su entrada en vigor tributaban conforme al régimen general no pueden tributar en el nuevo régimen de incorporación, pues ésa no es la finalidad de su implementación.

Establecieron que si justamente el régimen de incorporación fiscal busca que los contribuyentes que tributaban conforme al diverso intermedio o de pequeños contribuyentes transiten al general, es claro que los que ya se encontraban en éste no pueden cambiar al más benéfico, justamente porque no se cumpliría una de las finalidades de la citada reforma.

De ahí que concluyeran que, atendiendo a la interpretación auténtica y finalidad del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero del dos mil catorce y del régimen fiscal que regula, es evidente que los contribuyentes que ya tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales no pueden cambiar y, por ende, tributar de acuerdo con el diverso de incorporación fiscal.

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

El citado órgano colegiado conoció del recurso de revisión fiscal 147/2016 interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo en que se declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada consistente en la negativa del aviso de actualización de actividades para tributar en el régimen de incorporación fiscal y se reconoció el derecho del entonces actor para tributar en el régimen solicitado.

En dicha ejecutoria, el órgano judicial estableció que atendiendo a la literalidad del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero del dos mil catorce, no existe prohibición alguna para que los contribuyentes que hasta antes de su vigencia tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, cambien de régimen para tributar conforme al de incorporación fiscal.

Dijo que si bien tanto en la exposición de motivos de dicho ordenamiento, como en el respectivo dictamen de la Cámara de Diputados el legislador indicó las finalidades de establecer el régimen de incorporación fiscal, lo cierto es que en ninguna parte se reguló o expuso prohibición alguna al respecto y, aún más, tales instrumentos tampoco son claros al determinar si los contribuyentes que con anterioridad tributaban conforme al régimen general, con la reforma pueden o no mudar al entonces implementado.

Precisó que en la propia exposición de motivos el legislador dejó ver su intención de que tales contribuyentes puedan mudar al nuevo régimen, al indicar que en la ley se implementarían diversas medidas a fin de evitar abusos de los contribuyentes que ya tributaban en la formalidad.

Después de corroborar su afirmación con el contenido de diversas reglas de distintas resoluciones misceláneas fiscales, el Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que como el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero del dos mil catorce, ni su exposición de motivos, su proceso legislativo y tampoco las demás disposiciones que lo complementan prohíben a los contribuyentes que ya tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales mudar al régimen de incorporación fiscal para gozar de sus beneficios, es claro que pueden hacerlo.

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.

De acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se actualiza cuando al resolver los asuntos implicados en la denuncia los contendientes examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Corrobora esa afirmación la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, esto es, dar certidumbre jurídica.

Finalmente, se ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis no se requiere que los criterios posiblemente opuestos hayan originado tesis aislada o jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 225 de la Ley de Amparo, no prevén ese requisito. Es aplicable, en lo conducente y por compartirse, el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 129/2004 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 93, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."

En este orden de ideas, esta Segunda Sala considera que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios asumidos por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pues en situaciones fácticas similares analizaron puntos de derecho iguales llegando a conclusiones distintas de acuerdo con lo siguiente:

Los tres primeros órganos colegiados establecieron que atendiendo a la interpretación auténtica y finalidad del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero del dos mil catorce y del régimen fiscal que regula, los contribuyentes que ya tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales no pueden cambiar y, por ende, tributar de acuerdo con el diverso de incorporación fiscal.

Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que como ni el citado artículo 111 y tampoco su exposición de motivos, su proceso legislativo ni las demás disposiciones que lo complementan prohíben a los contribuyentes que ya tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales mudar al régimen de incorporación fiscal para gozar de sus beneficios, es claro que pueden hacerlo.

Aun cuando en algunas de las sentencias comentadas, los Tribunales Colegiados de Circuito hicieron referencia a distintas reglas de diversas resoluciones misceláneas fiscales, lo cierto es que, por una parte, esos aspectos escapan de la materia de la contradicción por no ser comunes a todas las ejecutorias y, por otra, tal circunstancia no impide la actualización de la contradicción de tesis denunciada, pues los contendientes examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, frente a las cuales adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

En efecto, todos los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron supuestos similares asumiendo posturas diversas, pues, los tres primeros, establecieron una interpretación del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero del dos mil catorce, que fue distinta y totalmente contraria a la asumida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Por tanto, esta Segunda Sala concluye que existe la contradicción de criterios denunciada, cuyo objeto es definir si conforme al artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, los contribuyentes que tributaban conforme al régimen general de personas físicas con actividades empresariales y profesionales pueden cambiar al diverso de incorporación fiscal a fin de gozar de sus beneficios.

Cabe precisar que el texto del referido artículo 111 que a continuación se analizará es el vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, sin tomar en cuenta sus posteriores reformas, pues la mayoría de los contendientes analizaron aquél, sin que trascienda el hecho de que uno de ellos examinó el último dado que tal circunstancia no trascendió a su decisión.

QUINTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que aquí se establece y que atiende a las explicaciones siguientes:

El artículo 5o., primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación prevé que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, excepciones, infracciones y sanciones, son de aplicación estricta, tales como aquellas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de un tributo.

Al interpretar tal precepto, esta Segunda Sala ha establecido que el hecho de que determinadas disposiciones de carácter tributario sean de aplicación estricta, no impide al aplicador acudir a los diversos métodos de interpretación que permiten conocer la verdadera intención de su redactor, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas se genere incertidumbre sobre su significado, pues la finalidad del precepto en comento es constreñir al respectivo ente a aplicar la hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con su contenido una vez desentrañado su alcance.

Ejemplificativa de esa postura es la tesis aislada 2a. CXLII/99 de este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 406, que establece:

"LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Conforme a lo establecido en el citado numeral, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma estricta, mientras que la interpretación del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica. Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia considera que la circunstancia de que sean de aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter tributario, no impide al intérprete acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de las normas, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la disposición en comento es constreñir a aquél a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance."

Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 133/2002 de esta Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 238, que establece:

"CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO.-El hecho de que el legislador haya establecido que las disposiciones fiscales que prevén elementos esenciales, como son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, son de aplicación estricta, no significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de aquellas disposiciones, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de lo ordenado por el legislador es obligar a aquél a que realice la aplicación estricta de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance."

También se ha reconocido que la interpretación sistemática de las normas fiscales no viola los principios de interpretación y aplicación estricta y, por ende, de legalidad previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque, por una parte, resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte y, por otra, porque toda disposición jurídica requiere ser interpretada para ser correctamente aplicada.

Corrobora lo anterior, el criterio que informa la jurisprudencia 3a./J. 18/91 de la otrora Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24, que establece:

"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.-Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional."

Sobre esas premisas, se debe informar que la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, esto es, la vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, contenía diversos títulos entre los que encontramos el IV De las personas físicas, que se dividía en capítulos entre los que destacan el VI De los ingresos por actividades empresariales, el cual a su vez se subdividía en tres secciones.

La sección I era del régimen general a las actividades empresariales; la II era del régimen simplificado a las actividades empresariales; y, la III del régimen de pequeños contribuyentes.

Conforme a dicho ordenamiento, los contribuyentes que tuvieran ingresos por esa actividad de hasta cuatro millones de pesos podían optar por el régimen intermedio de personas físicas.

El once de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce.

Tal ordenamiento está dividido en diversos títulos, entre los que destacan el IV De las personas físicas, que a su vez, se divide en diversos capítulos en que destaca el II intitulado De los ingresos por actividades empresariales y profesionales.

Dicho capítulo también se divide en dos secciones. La sección I denominada De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y la sección II titulada Régimen de incorporación fiscal.

Como se ve, en virtud de la vigencia de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta cambiaron los regímenes fiscales aplicables a las personas físicas, cuyos ingresos derivan de actividades empresariales y profesionales.

La sola denominación de la sección II del capítulo II del título IV de la ley vigente podría hacer suponer que sólo es aplicable a aquellos contribuyentes que se incorporan al sistema tributario, pues versa sobre el régimen de incorporación fiscal.

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene informar que el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé, entre otras cosas, los contribuyentes a los que aplica y no el régimen de incorporación fiscal.

Conforme a su párrafo primero, los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, pueden optar por pagar dicho tributo conforme a esa sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de dos millones de pesos.

Visto de esa manera, parecería entonces que el régimen de incorporación fiscal ya no sólo es aplicable a aquellos contribuyentes que se incorporan al sistema tributario, atendiendo a su sola denominación, sino también a las personas físicas que únicamente realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos derivados de esa actividad obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de dos millones de pesos.

Lo expuesto evidencia que atendiendo a la literalidad de la norma analizada y al orden normativo previsto en la ley que lo contiene, existe duda sobre su significado y, por ende, aplicación, originando que deba acudirse a su interpretación a través de los métodos reconocidos en la ley y la doctrina.

En la iniciativa del decreto por el que se expidió la Ley del Impuesto sobre la Renta que se analiza, el Poder Ejecutivo Federal indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

"Régimen de incorporación fiscal

"Uno de los objetivos prioritarios de las políticas de la presente administración consiste en alcanzar un incremento generalizado de la productividad, en el que participen todos los sectores de la población. Ello obedece a que solamente por esa vía será posible incrementar sostenidamente la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía mexicana. A su vez, elevar el potencial de crecimiento económico representa una precondición indispensable para mejorar el bienestar de la población y reducir la pobreza de manera acelerada. Por su parte, la productividad se encuentra estrechamente vinculada con el fenómeno de la informalidad.

"La facilidad en el cumplimiento del pago de impuestos representa un factor esencial para que los negocios que se van creando en una economía, particularmente los de menor escala, se incorporen de inmediato a la formalidad en la esfera tributaria.

"Considerando lo anterior, una de las principales medidas que contiene la presente iniciativa de reforma hacendaria es la sustitución de diversos regímenes fiscales aplicables a las personas físicas con actividades empresariales por un solo régimen, el régimen de incorporación.

"A través del régimen de incorporación se pretende que las personas físicas con actividades empresariales y que prestan servicios inicien el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en un esquema que les permita cumplir fácilmente con sus obligaciones tributarias. La participación en el régimen de incorporación traerá aparejado el acceso a servicios de seguridad social. De esta forma, se creará un punto de entrada para los negocios a la formalidad, tanto en el ámbito fiscal como en el de la seguridad social.

"El régimen de incorporación que se propone establecer en la nueva Ley del ISR sustituiría el aplicable por las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 4 millones de pesos anuales, esto es, el régimen intermedio, y el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos).

"El Repeco se diseñó como un esquema simplificado para las personas físicas con ingresos anuales de hasta 2 millones de pesos. Los contribuyentes que participan en él están exentos de conservar comprobantes de sus proveedores y de emitir facturas de sus ventas. Por lo anterior, permite que se rompa la cadena de comprobación fiscal. Dicha situación genera espacios para la evasión y la elusión fiscales, los cuales han sido aprovechados por algunos contribuyentes que indebidamente tributan como Repecos, cuando en realidad la escala de sus operaciones es considerable, o por contribuyentes del régimen general que interactúan con Repecos para aprovechar las menores obligaciones de comprobación fiscal y así reducir su pago de impuestos.

"Una comparación de los esquemas aplicados a pequeños contribuyentes en distintos países refleja que el límite de 2 millones de pesos es muy amplio, lo que fomenta el enanismo fiscal al ser aprovechado por unidades económicas con mayor capacidad contributiva.

"Para simplificar y promover la formalidad de las personas físicas que realizan actividades empresariales, se propone sustituir el régimen intermedio y el Repeco por un régimen de incorporación que prepare a las personas físicas para ingresar al régimen general con las siguientes características:

"Aplicable sólo a personas físicas que realicen actividades empresariales, que enajenen bienes o que presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, con ingresos anuales de hasta un millón de pesos.

"En lo que
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