Consulta tradicional. Ejecutorias.

Actualizado a Octubre de 2017
Completa Sin datos de localización
Favor de esperar que este habilitado el boton de copiado
copiar
Imprimir
Imprimir

Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27599         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 02 de febrero de 2018 10:04 h
VALOR AGREGADO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE CONSIDERARSE COMO EFECTIVAMENTE PAGADO, EL EROGADO POR EL CONSUMIDOR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO Y RECIBIDO POR UN TERCERO EN REPRESENTACIÓN DEL PROVEEDOR, AUTORIZADO MEDIANTE CONTRATO DE MANDATO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS MANUEL VERA SOSA Y JORGE MERCADO MEJÍA. DISIDENTE: GERARDO DÁVILA GAONA. PONENTE: LUIS MANUEL VERA SOSA. SECRETARIO: HÉCTOR RAFAEL HERNÁNDEZ GUERRERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para resolver esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Magistrado presidente y el secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este Pleno de Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Análisis y determinación de los criterios denunciados. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se tiene en consideración lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, que regulan, entre otros, la jurisprudencia generada por virtud de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Ahora, a fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se toman en cuenta los criterios jurídicos que sustentan las decisiones de cada uno de los tribunales contendientes, a saber:

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Del amparo directo 43/2014, se advierte que consideró ilegal la sentencia de la Sala Regional del Caribe responsable, al estimar la validez de la determinación de la autoridad fiscal de negar la devolución de saldo a favor de la empresa actora **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de impuesto al valor agregado, relativa al mes de octubre de dos mil once, porque no demostró que el citado tributo fuera acreditable.

Ello, en virtud de que rechazó los pagos hechos por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Lo anterior, porque la actora **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, exhibió en el juicio contencioso contrato de prestación de servicios con **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien, a su vez, suscribió un contrato de mandato para realizar cobros y hacer pagos a terceros por cuenta de la mandante, con **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Asimismo, presentó escrito donde ambas contratantes le informaron a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la suscripción de ese documento y que los pagos que tenía que realizar a su proveedor, serían a través de la "mandataria" **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

También para justificar que en la fecha en que solicitó la devolución de saldo a favor, por concepto del impuesto al valor agregado -octubre de dos mil once-, había pagado a su proveedor, por conducto de su mandataria, el monto por concepto de la prestación de "servicio personal para contabilidad, mantenimiento y atención al público", aportó los reportes de traspasos a terceros generados por la institución bancaria **********, así como las facturas expedidas a su nombre por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que amparan la prestación de un servicio que es estrictamente indispensable para llevar a cabo el objeto para el que fue creada, de lo cual, no existía controversia.

Por tanto, el citado Tribunal Colegiado de Circuito estimó que la circunstancia de que hubiera realizado el pago a un tercero **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la prestación de los servicios contratados con **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, como se evidencia de los "reportes de traspaso a terceros", de la institución bancaria **********, también ofrecidos en el juicio contencioso, no es razón suficiente, como estimó la Sala Regional del Caribe responsable, para negar la devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, dado que ningún precepto de ley prohíbe que el cobro y pago puedan hacerse mediante un mandato a través de tercero por cuenta del mandante, siendo que tratándose de las prerrogativas de los gobernados opera el principio general del derecho, conforme al cual, lo que no está expresamente prohibido está permitido.

Concluyó que si el proveedor **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, le expidió a la contribuyente las facturas que amparan el pago por la prestación de los servicios contratados, es claro que el interés de la acreedora (proveedora), quedó satisfecho, en términos del artículo 1o.-B, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Al resolver la revisión fiscal 27/2016, sustancialmente, estimó ilegal la sentencia de la Sala Regional del Caribe, al decretar la nulidad de la negativa de la autoridad fiscal a devolver el saldo a favor a la actora **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de impuesto al valor agregado, relativa al mes de septiembre de dos mil trece.

Lo anterior, al considerar que el Tribunal Administrativo no atendió al requisito esencial de la devolución de los impuestos previsto en el artículo 5o., primer párrafo, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues soslayó que el contribuyente únicamente tendrá derecho al acreditamiento de dicho tributo cuando éste sea "efectivamente pagado".

Estableció que la Sala Regional del Caribe realizó una interpretación literal y aplicación de los artículos 1o.-B, párrafos primero y segundo, y 5o., primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 35 del reglamento de dicha ley, vigentes en el periodo solicitado, así como el diverso 29-C del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de destacar que la contratación realizada entre el proveedor **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, con un tercero **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, adminiculada con el contenido de las facturas expedidas por la primera de las señaladas a la actora; constituyen elementos suficientes para llevar a cabo la devolución de impuestos solicitada, no obstante, eludió la existencia del requisito indispensable de una devolución de impuestos, esto es, que dicho impuesto sea acreditable.

Destacó que el Tribunal Fiscal, al arribar a la conclusión de que la devolución de impuestos era viable con dichos medios de prueba, sesgadamente consideró que la devolución tenía lugar, sin que se asegurara del desplazamiento de capital realizado por el tercero **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, al proveedor **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues su interpretación la realizó con independencia de que el impuesto se haya pagado o no, atendiendo aislada y literalmente a que el interés del acreedor (proveedor en el presente caso) había quedado satisfecho.

Puntualizó que la Sala Regional del Caribe incurrió en un error de interpretación, al dar por hecho que la devolución de impuestos acontece sin que éste haya sido efectivamente pagado, soslayando lo establecido en el artículo 5o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues para el acreditamiento o la devolución debe atenderse a dos momentos: 1. Cuando se realiza la retención del impuesto trasladado (hecho imponible, artículo 1o.-B); y, 2. Cuando resulta acreditable el impuesto (requisitos del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado).

Señaló que la anterior inferencia se actualiza cuando se atiende al pago de la contraprestación, siempre que se trate de las actividades gravables, lo que da lugar a que se genere el hecho imponible; es decir, a partir de ese momento se genera la obligación de los sujetos pasivos del impuesto; del jurídico a quien corresponde enterar al fisco la contribución y del económico, quien resiente o absorbe el impuesto, desde el momento en que paga el precio correspondiente.

Refirió que por ello, la obligación fiscal sustantiva, cuyo objeto es un dar, se entiende como el entero de las contribuciones, lo que no puede entenderse de otra forma, sino como el pago efectivo a la hacienda pública, de lo contrario, se estaría ante una tributación virtual, lo que no puede acontecer, ya que ese capital se utiliza para sufragar los gastos del Estado, que son ciertos y materiales, entonces, éstos no podrían verse satisfechos con meras especulaciones tributarias, incluso, la devolución de saldo a favor solicitada por la entonces actora requiere de efectivo.

Sostuvo que aunque la ley permite ciertas figuras que implican entre los particulares, en su carácter de sujetos pasivos jurídicos y económicos, el entregar y recibir el impuesto, como la que nos ocupa consistente en erogar a través de un tercero (situación permisible legalmente en el cuarto párrafo del artículo 1o.-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado), finalmente, tienen que materializarse en dinero efectivo y, en el caso, la obligación de enterar el impuesto recae en el tercero que desplazará dicho importe al proveedor para que con ello el impuesto al valor agregado correspondiente pueda ser enterado al fisco, ya que determinar lo contrario asumiría la riesgosa posibilidad de que la autoridad hacendaria entregue un importe del que no se aprecie que está efectivamente cobrado y, en consecuencia, no se haya cumplido con la obligación de efectivamente recaudarlo.

Consideró, además, que bajo la lógica de que sólo puede devolverse algo que se haya entregado, aunado a que desde la negativa de devolución la autoridad fiscalizadora expuso que dicho impuesto no estaba debidamente pagado y que el interés del acreedor no quedó satisfecho bajo el razonamiento cardinal de que con las transferencias bancarias realizadas únicamente se demostró la entrega de pago al tercero (**********, Sociedad Anónima de Capital Variable), sin que se aprecie que el proveedor (**********, Sociedad Anónima de Capital Variable) hubiere cobrado efectivamente las contraprestaciones pactadas; no obstante lo expresado por la autoridad, la Sala dio por hecho dogmáticamente que la devolución acontecía al no estar prohibido el pago por ese medio.

Afirmó que conjuntamente la premisa fundamental de la que partió la Sala del conocimiento soportada en que la erogación de impuestos a través de un tercero mediante el contrato de mandato no estaba prohibida y que por ello resultaba válida, dejó de apreciar que en materia tributaria sí está permitida, en principio, la erogación en términos fiscales con la intervención de un tercero, sí y sólo si, su injerencia asegura el fin recaudatorio, que en términos generales persiguen las contribuciones, esto es, que se cumpla con las reglas para hacer efectivo el derecho a devolver cuya observancia es obligatoria, ya que la ley exige imperativamente su acatamiento.

Indicó que la Sala del conocimiento interpretó aisladamente la negativa de devolución del impuesto al valor agregado, rehusando lo establecido en la fracción III del artículo 5o. en mención, pues aunado a que únicamente interpretó lo establecido en la fracción I de dicho numeral, perdió de vista que de conformidad con la interpretación que le ha dado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sistema de flujo de efectivo obedece a que la autoridad fiscal no puede devolver un impuesto que no se haya enterado.

Concluyó que no era obstáculo para resolver en tal sentido, que las facturas expedidas por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable en favor de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, permitan inferir que la primera recibió la contraprestación de los servicios otorgados a la contribuyente (actora en el juicio de origen), dado que las normas legales antes mencionadas son categóricas en indicar que el desplazamiento de capital del contribuyente debe estar debidamente documentado; de manera que, al no demostrarse que el numerario entregado a la tercero hubiera sido efectivamente pagado al proveedor, es claro que no se avaló el derecho a obtener la devolución del impuesto al valor agregado acreditable.

Decisión de este Pleno de Circuito. Del análisis comparativo de los criterios resumidos, se concluye que el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos de este Circuito, examinaron una cuestión jurídica esencialmente igual, consistente en determinar si basta que el consumidor A), acredite que pagó la prestación del servicio al proveedor B), por conducto de un tercero C), con quien B) celebró mandato, para que C) reciba el pago en su nombre, a fin de considerar como "efectivamente pagado" el tributo, para efectos de su devolución; o bien, si es necesario demostrar, además, que el tercero C) desplazó el importe al proveedor B), quien expidió las facturas a A) y le corresponde enterar al fisco la contribución.

Lo anterior, porque el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito determinó que en términos del numeral 1o.-B, párrafo primero, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, basta que el sujeto económico del impuesto al valor agregado acredite que erogó la prestación del servicio al proveedor, por conducto de un tercero con quien este último celebró mandato para que recibiera el pago, para tener por satisfecho el interés del acreedor, al extinguirse la obligación de la contraprestación, por no estar prohibido el pago por ese medio e implícitamente consideró como "efectivamente pagado" el tributo, para efectos de su devolución.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que, en términos de los numerales 1o.-B, párrafo cuarto y 5o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para considerar como "efectivamente pagado" el tributo, para efectos de su devolución, debe acreditarse no sólo que el sujeto económico del impuesto al valor agregado erogó la prestación del servicio al proveedor, por conducto de un tercero con quien este último celebró mandato para que recibiera el pago, sino, además, debe demostrarse que el tercero desplazó el importe al proveedor como sujeto jurídico a quien corresponde enterar al fisco la contribución, independientemente de que expida facturas al consumidor, ya que el desplazamiento del capital debe estar documentado debidamente.

Como puede advertirse, existe la contradicción de tesis y su materia consiste en determinar si basta que el consumidor A) acredite que pagó la prestación del servicio al proveedor B), por conducto de un tercero C), con quien B) celebró mandato para que C) reciba el pago en su nombre, a fin de considerar como "efectivamente pagado" el tributo, para efectos de su devolución; o bien, si es necesario demostrar, además, que el tercero C) desplazó el importe al proveedor B), a quien corresponde enterar al fisco la contribución.

No obstaculiza la conclusión anterior que el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito omitió el estudio del asunto bajo el tema del pago efectivo del impuesto, en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues al analizar el cobro efectivo de la prestación del servicio, acorde con lo dispuesto por el numeral 1o.-B, párrafo primero, de la norma invocada, implícitamente estimó el pago efectivo del tributo, también contemplado en esta última disposición legal.

Tampoco se opone a lo anterior el que las ejecutorias contendientes no hayan integrado jurisprudencia, ni que deriven de diversas vías (recurso de revisión fiscal y amparo directo), pues para que sea existente la contradicción de tesis es suficiente que se adopten criterios disímbolos sobre el mismo punto de derecho, lo que acontece en el caso.

Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 27/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 77, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 422, del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA SURGIDA DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN AMPARO DIRECTO Y EN REVISIÓN FISCAL.-En atención a que la finalidad de la denuncia de contradicción de tesis prevista en la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General de la República es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un criterio jurisprudencial, supere la inseguridad jurídica derivada de posturas divergentes sostenidas sobre un mismo problema de derecho por órganos terminales del Poder Judicial de la Federación y considerando que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo y en revisión fiscal tienen como característica común que son emitidas por Tribunales de esa naturaleza, aquéllas en términos del artículo 107, fracción IX, y éstas conforme al artículo 104, fracción I-B, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que es procedente la contradicción de tesis surgida entre las sustentadas al resolver amparos directos y revisiones fiscales, con el propósito de evitar la subsistencia de posturas divergentes."

CUARTO.-Resolución de fondo. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por este Pleno de Circuito, conforme a las consideraciones siguientes, en términos del artículo 226, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo:

En principio, debe destacarse que, conforme el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tienen la obligación de cubrir ese impuesto, las personas físicas y jurídicas que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades: a) Enajenar bienes; b) Prestar servicios independientes; c) Otorgar el uso y goce temporal de bienes; o, d) Importar bienes o servicios.

Asimismo, el impuesto se calcula aplicando la tasa del dieciséis por ciento, con la obligación de trasladarlo a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios.

De lo que se colige que el impuesto al valor agregado es una contribución de naturaleza indirecta que grava el consumo o la prestación de servicios, siendo éste una manifestación meramente indicativa de la capacidad adquisitiva y, debido a la mecánica especial de dicho impuesto, el contribuyente directo o jurídico no resiente la carga fiscal, sino que la repercute a un tercero.

Debido a la funcionalidad de la contribución, en el impuesto al valor agregado existen dos tipos de sujetos identificables y que intervienen en la operación:

El sujeto jurídico, que es el contribuyente de derecho quien, normativamente, se encuentra obligado a enterar el impuesto a la hacienda pública, al llevar a cabo la enajenación del bien o servicio de que se trate.

El sujeto económico, que es el consumidor o adquirente final del bien o servicio, a quien el sujeto jurídico traslada el impuesto, de tal suerte que es este último quien absorbe finalmente la carga económica, por la adición o repercusión que se hace del tributo al precio de venta.

Esto es, el sujeto jurídico es quien normativamente tiene la obligación de enterar a la autoridad fiscal la contribución, al realizarse el supuesto de hecho; sin embargo, no resiente directamente la carga pecuniaria, sino que la traslada al sujeto económico del impuesto, quien generalmente es el consumidor final del bien o usuario del servicio y, efectivamente, resiente o absorbe el impuesto al pagar el precio correspondiente.

Ahora, el artículo 1o.-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en los ejercicios fiscales de dos mil once y dos mil trece, dispone:

"Artículo 1o.-B. Para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.

"Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

"Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza temporalmente el bien, constituye una garantía del pago del precio o la contraprestación pactados, así como del impuesto al valor agregado correspondiente a la operación de que se trate. En estos casos se entenderán recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

"Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considerará que el valor de las actividades respectivas, así como el impuesto al valor agregado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes."

De acuerdo al primer y al último párrafos del precepto reproducido, se tienen como reglas generales del momento en que se considera "efectivamente pagada" la contraprestación que constituye el valor del acto gravado con el impuesto al valor agregado, en atención al medio utilizado para cubrir el precio de la operación, las siguientes:

A) Si el precio o contraprestación pactada por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, se pagó en efectivo, en bienes o en servicios, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en el momento en que se recibe el numerario, el bien o el servicio correspondiente, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.

B) Si por el precio o contraprestación pactada por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes reciben documentos o vales, respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios; se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes.

En el caso, se actualiza el supuesto establecido en el artículo 1o.-B, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, puesto que en la relación comercial entre el sujeto jurídico proveedor del servicio y el sujeto económico que recibió la prestación del mismo, para efectos del pago intervino un tercero mediante mandato para su cobro y recepción en representación del prestador del servicio.

De esta manera, conforme al precepto 1o.-B, último párrafo, se estima efectivamente pagada la contraprestación que representa el valor del acto gravado con el tributo, para efectos de determinar el momento en que nace la obligación de pago del impuesto con motivo de la prestación de un servicio, cuando el tercero recibe el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio.

Por otro lado, el artículo 5o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé como requisito, entre otros, para el acreditamiento del tributo trasladado, que éste haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate.

La parte conducente de este numeral establece:

"Artículo 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos: ...

"III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate."

Tal dispositivo dispone que el tributo trasladado al contribuyente debe estar efectivamente pagado en la época que corresponda.

Por otra parte, el numeral 17 de la ley invocada establece como regla general, que se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, pues a la letra estatuye:

"Artículo 17. En la prestación de servicios se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de los intereses a que se refiere el artículo 18-A de esta ley, en cuyo caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen."

Precisado lo anterior, la interpretación sistemática de los artículos 1o.-B, primer y último párrafos, 5o., fracción III, y 17 del ordenamiento invocado, permite concluir que el impuesto al valor agregado trasladado se considera efectivamente pagado, entre otros supuestos, en el momento en que el proveedor contribuyente reciba o acepte el pago a través del tercero, por cualquier medio que permita obtener el bien o servicio, como tarjetas electrónicas o transferencia bancaria, incluso, en efectivo, puesto que en ese momento se entiende liquidada la operación, conjuntamente con el impuesto causado.

Se concluye así, porque en relación con el pago de la contraprestación recibida por un tercero, los diversos 2062, 2073, 2074 y 2546 del Código Civil Federal disponen:

"Artículo 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido."

"Artículo 2073. El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo."

"Artículo 2074. El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación, si así se hubiere estipulado o consentido por el acreedor, y en los casos en que la ley lo determine expresamente."

"Artículo 2546. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga."

De la interpretación armónica de los arábigos transcritos, se obtiene que el pago es la entrega de la cantidad debida, que debe hacerse al acreedor directamente, o bien, a su legítimo representante, a través del mandato, contrato en el que el tercero recibe por cuenta del proveedor el pago respectivo de parte del deudor, extinguiendo así la obligación contraída por este último.

Consecuentemente, es válido que el pago erogado por el consumidor de la prestación del servicio sea recibido por un tercero en representación del sujeto jurídico proveedor, a través de un contrato de mandato, para considerar que el impuesto al valor agregado
Completo Sin datos de localización
Cargando
Descripción