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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27341         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 08 de septiembre de 2017 10:17 h
COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA GENERAR UNA PRESUNCIÓN SOBRE LA INEXISTENCIA DE LAS OPERACIONES QUE AMPARAN AQUÉLLOS.

SALDO A FAVOR. CUANDO SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, LA AUTORIDAD PUEDE HACER USO DE LAS PRESUNCIONES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS QUE AQUÉL SE HACE DERIVAR Y, EN SU CASO, CONCLUIR QUE NO SE MATERIALIZARON.

COMPROBANTES FISCALES. LAS INCONSISTENCIAS O EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES QUE LOS EXPIDEN, PUEDEN COBRAR RELEVANCIA CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTROS HECHOS.

DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TIENEN NATURALEZA SUMARIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: MISAEL ESTEBAN LÓPEZ SANDOVAL.

Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al día veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio número 7/2017, recibido por la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito indicado, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el juicio de amparo directo número **********, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del referido Circuito, al fallar el juicio de amparo directo **********.

Denuncia de contradicción de criterios que se hizo depender de las consideraciones siguientes:

"Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, denuncio la posible contradicción de tesis, existente entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo ********** y este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de dicho Circuito, en el fallo pronunciado en el amparo directo administrativo **********.

"En los casos resueltos por los dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito, la negativa de devolución se sustenta en el hecho de que el emisor de los comprobantes fiscales en los que, en apariencia, se retuvo el impuesto al valor agregado, no cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; no se encuentra localizable; ha incumplido con la obligación de presentar en tiempo y forma declaraciones fiscales; o, no cuenta con activos, personal o infraestructura para ello.

"En torno a ello, ambos tribunales -partiendo de las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, son coincidentes en el hecho de que no es atribuible al solicitantes de la devolución de impuestos el incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de quien expidió en su favor los comprobantes fiscales, sustento de esa solicitud de reingreso y que, por ende, una eventual negativa de reembolso no puede sustentarse en esa circunstancia.

"Además, coinciden en el hecho de que el contribuyente, tiene posibilidades de desvirtuar la conclusión a la que arribe la autoridad fiscalizadora en torno a la efectiva materialización de la operación consignada en el documento.

"Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado -tomando como sustento la tesis 2a./J. 113/2014 (10a.), intitulada: ‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO SON IMPRESOS POR ESTABLECIMIENTOS NO AUTORIZADOS QUEDA SUJETO A LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD.’- concluyó que aquella oportunidad demostrativa, se da dentro del ejercicio de las facultades de comprobación que ejerza la autoridad fiscal, en las cuales podrá requerir toda la información relacionada con la transacción en particular; sin embargo -acotó ese órgano colegiado-, es a la autoridad a quien corresponde la carga demostrativa respecto de los elementos objetivos suficientes que sirvan de fundamento y motivación al resolver sobre la autenticidad y legalidad del comprobante.

"En cambio, el Primer Tribunal Colegiado concluyó que, es al solicitante a quien le corresponde desvirtuar las probanzas en que se sustente la autoridad para negar a devolver los saldos, desde el momento mismo en que tenga conocimiento de ese sustento -que, incluso, puede consistir en presunciones lógicas-, ya sea a través de los recursos y juicios procedentes o vía ampliación de demanda en el juicio de nulidad. Ello, con independencia de que la autoridad le haya requerido o no información sobre la existencia de la materialización de las operaciones.

"Por ende, el tema a dilucidar en la contradicción de tesis, se constriñe a responder la pregunta siguiente: ¿A quién corresponde la carga de la prueba en relación con la efectiva materialización de operaciones amparadas en un comprobante fiscal emitido por un contribuyente que ha incurrido en omisiones que hacen presumir que no tuvo capacidad material para ejecutar aquellas operaciones?

"En razón de lo expuesto, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, se somete a su consideración la probable contradicción de tesis ...".

SEGUNDO.-En auto de siete de febrero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, tuvo por recibió dicho oficio, asimismo, precisó que la contradicción fue denunciada por parte legítima y que no advertía circunstancias que afectaran su procedencia, por lo que la admitió a trámite y la registró con el número 2/2017; solicitó al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, copia certificada y archivo electrónico de la resolución recaída al amparo directo administrativo **********, e informara si el criterio ahí sustentado, seguía vigente (fojas 32 y 33).

TERCERO.-Mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, tuvo por cumplimentado lo ordenado en el citado auto de siete de esos mes y año (foja 88).

CUARTO.-En auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, tuvo por recibido el oficio CCST-X-92-03-2017, de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que acompañó el diverso número SGA/GVP/143/2017, del secretario General de Acuerdos del mencionado Alto Tribunal, por el cual, se informa que no se observó la existencia de alguna contradicción de tesis, relativa al tema de esta contradicción; y en ese propio proveído se ordenó turnar los autos al Magistrado Enrique Villanueva Chávez, para la formulación del proyecto de resolución respectivo (foja 95).

En sesión de nueve de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno en Materia Administrativa de este Circuito determinó que la presente contradicción de tesis no ha quedado sin materia, como se propuso en el proyecto presentado, por lo que el asunto se dejó en lista para la formulación de un nuevo proyecto de resolución en el que se establezca que existe contradicción de criterios y el punto de divergencia se fije en los términos de la discusión.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Décimo Sexto Circuito, especializados en la misma materia.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue presentada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, integrante de uno de los órganos contendientes.

TERCERO.-Con el propósito de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados de este Circuito contendientes. Es necesario, además, hacer una breve reseña de los antecedentes de los asuntos, para la mejor comprensión de las posturas de dichos Tribunales Colegiados de Circuito.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de dos de diciembre de dos mil dieciséis, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"... la solicitud de devolución sustentada en comprobantes fiscales emitidos por los proveedores con registro federal de contribuyentes **********, ********** y **********, debía resolverse atendiendo ciertamente a que los comprobantes fiscales emitidos con los requisitos formales previstos en la ley pero, además y al margen de ello, la autoridad tenía a salvo sus facultades para verificar que efectivamente, a la contribuyente le fue retenido el impuesto al valor agregado pagado a un tercero, derivado de haber realizado con él las operaciones a que se refiere el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por las que debía pagar dicho tributo.

"En ejercicio de esas facultades, la autoridad podía allegarse de todos los elementos, datos y documentos que considerara oportunos para constatar, entre otras cosas, si efectivamente se realizó la operación que ampara cada comprobante, en términos del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"Sin embargo, en los términos antes anotados, una eventual negativa a la devolución, no podía basarse exclusivamente en cuestiones derivadas del incumplimiento de obligaciones a cargo de los terceros emisores; sino que la autoridad debía contar con elementos objetivos que de manera real le permitieran arribar a la conclusión de que, en efecto, no se materializó la operación.

"Si bien el comprobante fiscal que cumple con los requisitos formales demuestra la posible realización de un gasto o erogación, no basta la tenencia del documento para que éste tenga efectos fiscales, sino que se encuentra sujeto a la revisión de las operaciones que ampara y el contribuyente, en todo caso, podrá acreditar la operación de que se trate, a través de los medios de convicción que tenga a su alcance.

"De esta manera, cuando las autoridades fiscales consideren que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir toda la información atendiendo a dicha transacción en particular, y en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente según las situaciones fácticas de cada asunto.

"En este sentido, es inexacto que de inicio, corresponda a la contribuyente la carga probatoria de acreditar la realización de la operación que amparan los comprobantes fiscales, pues aunque nada le impide proporcionar los elementos que tenga a su alcance para tal efecto, lo cierto es que si la autoridad fiscal pretende verificar que tales comprobantes, efectivamente amparan la transacción realizada, a efecto de determinar así su validez, tiene a salvo sus facultades para requerir de información a la contribuyente o a terceros, e incluso desplegar sus facultades de comprobación, para confirmar la veracidad de los comprobantes, supuesto en el cual, será ella quien deberá proporcionar los elementos objetivos suficientes que sirvan de motivación y fundamentación al resolver sobre la autenticidad y legalidad del comprobante.

"Y aunque el contribuyente, ciertamente, puede aportar datos al respecto, no es a él a quien corresponde la carga probatoria.

"Luego si, como en el caso, el saldo a favor cuya devolución se solicita, deriva de un acreditamiento del impuesto al valor agregado retenido por los proveedores con registro federal de contribuyentes **********, ********** y **********, de cuyos comprobantes la autoridad fiscal, ejercitó sus facultades de revisión para verificar que efectivamente, a la contribuyente le fue retenido el impuesto al valor agregado pagado a un tercero. Es claro, por una parte, que a la autoridad correspondía la carga de probar la inexistencia de las operaciones que tales comprobantes amparan y, por la otra, que si en el acto administrativo, se negó parcialmente la devolución por las diversas irregularidades ahí descritas, la Sala resolutora debía abordar el estudio de los conceptos de nulidad hechos valer, desde la perspectiva en que fue planteada la litis, esto es, de si las inconsistencias encontradas por la autoridad demandada, son suficientes o no, para restarle eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, pues incluso esa fue la pretensión de la moral inconforme en su demanda, en la cual no se limitó a decir que sus comprobantes fiscales reunieran los requisitos formales que les son propios y que por ese motivo resultaba procedente la devolución, sino que se inconformó combatiendo las irregularidades detectadas por la autoridad administrativa, al considerar que eran ineficaces para concluir en que no se materializaron las operaciones contratadas.

"En efecto, de la demanda de nulidad, se advierte que en sus distintos conceptos de inconformidad, la actora no se limitó a argumentar sobre el cumplimiento de los requisitos formales de los comprobantes fiscales de que se trata, con la pretensión de que ello bastaba para hacer procedente su solicitud.

"En su demanda argumentó, que las inconsistencias detectadas por la autoridad eran ineficaces para restar eficacia a tales comprobantes, entre otros motivos, porque eran cuestiones imputables a la conducta de los terceros proveedores y ajenas a la materialidad de la operación, la cual no puede depender de la falta de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de que un proveedor, se encuentre como ilocalizable en su domicilio, que incumplan con sus obligaciones de presentar declaraciones o incluso que lo hagan en determinadas condiciones; que si los proveedores no pudieron o no quisieron demostrar sus activos, personal o infraestructura, ello le es ajeno y, además, no puede llevar a concluir fundadamente que la operación en realidad no existió. En última instancia, la autoridad tenía facultades para hacerle directamente a ella los requerimientos correspondientes, sin que lo hubiera hecho.

"En este sentido, es también fundado que, contrario a lo resuelto, los motivos expresados por la autoridad demandada para desestimar los comprobantes fiscales, son insuficientes, por lo siguiente:

"Como reseñó la Sala responsable, de la información recabada, la autoridad fiscal, advirtió que del proveedor con registro federal de contribuyentes **********, en su declaración mensual presentada el tres de marzo de dos mil catorce (sic), manifestó no haber tenido operaciones en el periodo de mayo de dos mil catorce; en la declaración anual del ejercicio fiscal dos mil trece, manifestó no tener activos; no presentó declaración informativa múltiple del ejercicio fiscal dos mil trece, información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, por lo tanto no manifestó trabajadores ni retenciones del impuesto sobre la renta por la prestación de un servicio personal subordinado, y se encuentra dado de baja como patrón en el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el año dos mil diez.

"Del proveedor con registro federal de contribuyentes **********, fue omiso en la presentación de la declaración anual del ejercicio fiscal dos mil trece; no presentó declaración informativa múltiple del mismo ejercicio, ni información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, por lo tanto no manifestó trabajadores ni retenciones del impuesto sobre la renta por la prestación de un servicio personal subordinado.

"Y, del proveedor con registro federal de contribuyentes **********, no se le localizó en el domicilio que tiene registrado, así que se le tuvo como no localizable y en la visita practicada en el que tenía inscrito, se advirtió que no realiza actos o actividades ni cuenta con infraestructura para ello.

"Lo anterior llevó a la autoridad fiscal a determinar que los comprobantes fiscales por sí solos, no hacen prueba plena de las operaciones de compra manifestadas, para lo cual tomó en consideración además, que las copias de facturas, pólizas de registros contables y estado de cuenta bancario, como documentos privados, sólo hacen fe de la existencia de las declaraciones, mas no de los hechos declarados, en términos del artículo 203, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"En ese sentido, la Sala responsable determinó que aun con el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la validez de los comprobantes fiscales, sólo constituyen un medio para solicitar en su caso, la acreditación o deducción respectiva, lo que está sujeto a diversos elementos para su procedencia, en este caso, al hecho de que se acredite la materialización de la prestación de los servicios amparados, y que en la especie, no se logró demostrar la existencia material de las operaciones celebradas con los proveedores señalados, al no haber contado con la infraestructura (activos y personal) necesaria para realizar las operaciones que supuestamente dieron origen al impuesto al valor agregado acreditable, en razón de que no pudo determinarse su capacidad técnica y material, ni los elementos de personal para llevar a cabo las operaciones; por tanto, no existen elementos suficientes para concluir en la materialidad de las operaciones. Lo que llevó a sostener la legalidad del acto administrativo que negó, parcialmente, la pretensión del contribuyente de obtener la devolución.

"Sin embargo, en este aspecto asiste la razón jurídica a la quejosa, toda vez que los argumentos dados por la autoridad fiscal y validados por la Sala, para desestimar la eficacia probatoria de los comprobantes fiscales, son efectivamente insuficientes, pues no se fundan en elementos objetivos que den certeza, sino en meras suposiciones, ya que de la declaraciones presentadas por los proveedores o la omisión en su presentación e incluso de la no localización de uno de ellos, la autoridad concluye que no existieron las operaciones.

"En efecto, la Sala conviene con lo resuelto por la demandada, en que no se acreditó la materialidad de las operaciones, a partir de los términos en que dos de los proveedores presentaron sus declaraciones y en que fueron omisos en presentar su declaración informativa, que no señalaron tener trabajadores ni personal subordinado a su cargo, que uno de ellos se había dado de baja como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en cuanto al tercero de los proveedores, la conclusión derivó de que no fue localizable en el domicilio que tenía registrado.

"Esto es, los motivos dados son cuestiones atribuibles exclusivamente a esos terceros que expidieron los comprobantes fiscales, constituyen meras inferencias derivadas de las declaraciones y omisiones de los proveedores y, por tanto, en los términos ampliamente explicados, son insuficientes para concluir en que no se acreditó la materialidad de las operaciones, puesto que son conjeturas deducidas de las declaraciones y omisiones de terceros, que no encuentran apoyo en ningún otro elemento objetivo, pues la autoridad fiscal no exhibió algún otro medio de prueba del que bien pudo allegarse en ejercicio de las facultades de comprobación y revisión a que se refieren los artículos 42 y 63 del Código Fiscal de la Federación, ya que estuvo en posibilidad, por ejemplo, de localizar y visitar a los contribuyentes con registros ********** y **********, constatar la existencia de los actos o actividades gravados, solicitar información a otras dependencias para verificar la existencia de trabajadores a su cargo e incluso, desplegar sus facultades de comprobación para la confronta de las contabilidades, lo que no fue así.

"Y, por lo que ve a que al restante de los proveedores, con registro federal de contribuyentes ********** que no fue localizable en su domicilio; el caso encuadra en el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.), de título y subtítulo: ‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].’, que ha sido ampliamente analizada a lo largo de este fallo, que de manera puntual precisa que la no localización del emisor del comprobante fiscal, por sí, es insuficiente para restarle eficacia para los fines de un acreditamiento y consecuente devolución de impuestos.

"De ahí que, le asiste la razón jurídica a la quejosa, al sostener que contrario a lo que resolvió la Sala responsable, los motivos expuestos por la autoridad fiscal, son insuficientes por sí mismos para restarles valor y eficacia probatoria a los comprobantes fiscales, toda vez que son meras inferencias que no están apoyadas en algún elemento de prueba eficaz, como así lo hizo valer en sus conceptos de nulidad.

"Destacando que, como se dijo, es igualmente fundado que el demandante no limitó sus argumentos a indicar que el cumplimiento de las obligaciones del proveedor no pueden tener repercusiones en el cliente, pues de la lectura que se haga de la demanda, se puede advertir que también destacó: que la falta de registro como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede genera una conclusión como la que realizó la demandada, cuyas determinaciones se basan en meros indicios; la falta de elementos para resolver con certeza la improcedencia del saldo a favor solicitado; el que la conclusión de la autoridad se basa en meras presunciones ilegales, carentes de sustento, pues incluso que el tercero no hubiera enterado el tributo al fisco, no afecta al particular que pretende su acreditamiento y, con base en ello, realiza una solicitud de devolución.

"Sin que pase inadvertido que según lo que resolvió la propia Sala responsable, en el caso no se está en el supuesto del procedimiento del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación que prevé que cuando la autoridad fiscal, detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes, se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Por lo cual, para determinar la procedencia de la devolución solicitada, era menester que en despliegue de sus facultades de comprobación la autoridad demostrara con elementos objetivos la inexistencia de las operaciones y no sólo lo infiriera con base en las situaciones anteriormente destacadas, pero sin aportar mayores elementos objetivos que permitieran cerciorarse y concluir de manera incontrovertible en la inexistencia de las operaciones.

"Luego entonces, es claro que del simple hecho de que un proveedor haya rendido su declaración en ceros o que haya omitido rendirla, que informe que no tiene personal a su cargo o que se le tuviera como no localizable en el domicilio que tiene registrado, como ocurre en el caso, no puede inferirse con toda certeza, que no cuenta con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para en este caso llevar a cabo los actos o actividades que amparan los comprobantes, y que, por tanto, son inexistentes las operaciones en ellos consignadas, por lo que tal aseveración es insuficiente para desvirtuar valor probatorio y eficacia a los comprobantes fiscales...".

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"... el procedimiento del artículo 22 está instituido, específicamente, para decidir si procede la devolución, por lo que es precisamente en ese procedimiento donde debe resolverse en definitiva, en la fase administrativa, si el contribuyente logra demostrar la realización material de las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales que exhibió con su solicitud, en el entendido de que al conceder la ley a la autoridad fiscal la facultad de verificar la efectiva realización de las operaciones de las que se hace derivar el saldo a favor, dota a dicho órgano con la atribución para hacer uso de los medios probatorios previstos legalmente, entre ellos, las presunciones, como medio de prueba para tener por desvirtuado el contenido de las facturas, sin que ello genere un estado de indefensión para el contribuyente, quien en el propio procedimiento o en los medios de impugnación que la ley les confiere para controvertir la resolución que niegue total o parcialmente la devolución, podrá desvirtuar el valor conferido a la presunción respectiva, ya sea evidenciando que no respeta la regla de deducción lógica, porque el hecho presumido no es una consecuencia necesaria del hecho probado, esto es que el proceso deductivo es incoherente, o aportando pruebas directas que corroboren la realización de las operaciones referidas.

"Luego, la resolución recaída a la petición de devolución -aun en el supuesto de que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de verificación o de fiscalización-, en la cual, a través de una presunción, se tenga por desvirtuada la realización de las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales, no puede ser considerada como una determinación preliminar que únicamente tiene el efecto de dar pauta para el inicio del procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones a que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, pues -como quedó visto-, se trata de una resolución que decide en definitiva, en la fase administrativa, sobre la procedencia o no de la solicitud de devolución de un saldo a favor, esto es, si dichos comprobantes demuestran o no la realización material de las operaciones de las que deriva dicho saldo.

"Con base en todo lo antes considerado, es dable afirmar que la autoridad fiscalizadora, ante una solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado, aunque puede presumir que no se materializaron las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales que sustentan esa petición, ello debe hacerse de manera lógica, pues haría nugatorio ese derecho de los contribuyentes al vincularles a la demostración del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de un tercero, lo cual no se encuentra previsto en la norma.

"Por ende -como también lo consideró este Tribunal Colegiado en sesión de siete de julio de dos mil dieciséis, al resolver el juicio de amparo directo administrativo **********-, si bien en términos de la jurisprudencia 2a./J. 87/2013 (10a.), antes destacada, el incumplimiento de terceros a sus obligaciones fiscales no puede trascender en perjuicio de la contribuyente, conforme al propio criterio, la autoridad fiscal puede allegarse de los elementos necesarios para verificar la realización de las operaciones cuestionadas y, en su caso, negar el acreditamiento pretendido por la quejosa, como ocurrió en la resolución controvertida.

"En el caso concreto, de las constancias allegadas al expediente, se desprende, en esencia, lo siguiente:

"El quince de abril de dos mil quince, el administrador Local de Auditoría Fiscal de León, por medio del oficio ********** (fojas 80 y 81 de la carpeta auxiliar), resolvió tener por desistida a la empresa **********,**********, respecto de la solicitud de devolución de cuatro de febrero de dos mil quince, registrada como **********, por la cantidad de **********, por no haber presentado correctamente la documentación que le fue requerida.

"Posteriormente, el uno de junio de dos mil quince, la mencionada contribuyente, presentó escrito en el que indica que: ‘Con fecha 21 de Mayo de 2015, se presentó ante ésta H. Administración Formatos 32 de las «solicitudes de devolución» por concepto de impuesto al valor agregado, del mes de diciembre de ********** en cantidad de $**********, registrada con número de control ********** y folio de recepción ********** de la cual, se me solicitó información adicional en requerimiento anterior y de los cuales esta H. Autoridad emitió oficio ********** ...’ (sic).

"Como se observa, la parte aquí quejosa presentó dos solicitudes de devolución, de las cuales la primera fue declarada como desistida y la segunda es la que es génesis de la sentencia reclamada.

"En efecto, a través del oficio **********, de veintidós de junio de dos mil quince (fojas 69 a 75), el administrador Local de Auditoría Fiscal de León, autorizó, parcialmente, la solicitud de devolución presentada el veintiuno de mayo de dos mil quince por **********, **********, por concepto de impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece.

"La solicitud ascendía a la cantidad de ********** pesos, de los cuales ********** centavos fueron negados; sin embargo, de ese monto, sólo ********** pesos con ********** centavos, fueron materia de la sentencia ahora reclamada, por estar relacionado con operaciones atribuidas a las sociedades anónimas de capitales variables denominadas **********, ********** y **********, así como con la persona física **********.

"Esa negativa se sustentó, en esencia, en lo siguiente:

"En relación con esas personas morales, la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, a través del oficio ********** de dos de octubre de dos mil catorce, solicitó información al titular de la Subdelegación del Instituto
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