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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27182         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h
MANDATO. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y SEXTO TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, BENITO ALVA ZENTENO Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. DISIDENTES: DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, QUIEN HIZO SUYO EL PROYECTO ORIGINALMENTE PRESENTADO POR EL MAGISTRADO ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS COMO VOTO PARTICULAR, Y ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS. ENCARGADO DEL ENGROSE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ. SECRETARIAS: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE Y NORMA LEONOR MORALES GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia.

El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por el Magistrado presidente de un Tribunal Colegiado de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Posturas de los Tribunales de Circuito.

I. El Cuarto Tribunal conoció del amparo directo D.C. 609/2016, promovido por **********, por conducto de su apoderado, **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, pronunciada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 538/2016, derivado de la controversia de arrendamiento inmobiliario, expediente 964/2015 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México.

Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:

"QUINTO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a estimar la demanda de amparo.-Por cuestión de método, el análisis de los conceptos de violación se hará en un orden diverso al planteado por la accionante de amparo.-Debe partirse de la base que, el juicio de origen fue intentado por **********, como mandatario de **********, quien a fin de acreditar su personería exhibió la copia certificada del instrumento notarial **********, tirado ante la fe del notario público ********** de esta ciudad, el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el que se hizo constar el mandato para pleitos y cobranzas y actos de administración.-Por otro lado, la parte demandada, al pretender dar contestación a la demanda, opuso la excepción de ‘falta de legitimación activa, falta de personalidad y falta de capacidad’, en virtud de la muerte de la poderdante; y ofreció como prueba la copia certificada del acta de defunción de la arrendadora.-Al respecto, el Juez natural tuvo por precluido el derecho de la demandada para dar contestación, toda vez que ese escrito fue presentado extemporáneamente; en consecuencia, al dictar sentencia declaró procedente la acción intentada, tuvo por rescindido el contrato de arrendamiento base de la acción y condenó a la parte demandada a la desocupación del inmueble, así como al pago de las prestaciones reclamadas.-En tanto, que desestimó la excepción de falta de personalidad, porque fue hecha valer de manera extemporánea.-Inconforme con esa sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación y reiteró que su contraparte carecía de legitimación, toda vez que la poderdante ya había fallecido.-El tribunal de apelación analizó ese presupuesto procesal por ser una cuestión de oficio y concluyó que, ********** carecía de legitimación para representar a **********, toda vez que el mandato en virtud del cual se ostentaba como representante de ésta, había concluido en virtud de su muerte, hecho jurídico que quedó demostrado con el acta de defunción aportada por el demandado.-De ese modo, la Sala responsable ordenó dejar sin efectos todo lo actuado.-Al respecto, la parte quejosa manifiesta, en esencia, que fue incorrecto que la autoridad responsable declarara fundada la excepción de falta de personería; en primer lugar, porque no fue hecha valer en el momento procesal oportuno; y en segundo lugar, debido a que el mandato cuestionado seguía vigente, no obstante la muerte de su otorgante.-En cuanto a que el mandato seguía vigente, no obstante el fallecimiento de la mandante, es fundado.-A fin de justificar esta decisión conviene realizar el siguiente análisis.-Mandato.-Al abordar el estudio de esta figura jurídica, resulta oportuno precisar su significado gramatical y jurídico.-De acuerdo al Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, el mandato es el ‘contrato por el que una persona encarga su representación para ciertos asuntos o gestiones a otra.’.-Jurídicamente, conforme con los artículos 2546, 2554 y 2563 del Código Civil para la Ciudad de México, el mandato es el contrato, en virtud del cual una persona (mandatario) se obliga a ejecutar los actos jurídicos que le encarga el mandante, como si fueran propios, lo que implica la obligación de salvaguardar los intereses de éste.-De ello, se puede colegir lo siguiente: • El mandato es un contrato en virtud del cual el mandatario realiza un acto jurídico, en el que el mandatario, se obliga a concluir el negocio con éxito.-• El contrato de mandato es un contrato intuito personae por lo que respecta al mandatario, esto es, es un acto jurídico que se celebra en virtud de las cualidades propias del mandatario para realizar los actos encomendados y la confianza que deposita el mandante.-• En virtud del contrato de mandato, el mandante confía parte de su patrimonio al mandatario.-El mandato puede ser: especial, general, para pleitos y cobranzas, para administrar bienes o para actos de dominio.-Como quedó señalado, el mandatario tiene la obligación, medularmente, de desempeñar sus funciones de acuerdo a las instrucciones del mandante, además, debe actuar con diligencia y cuidar del negocio como si fuera propio, hasta en tanto se concluya de manera exitosa; o bien, a la muerte del mandante, hasta que la sucesión tome el negocio.-Por su parte, el mandante tiene la obligación de ministrar al mandatario los medios necesarios para la consecución del negocio encomendado, y en caso de que con motivo de ese encargo se le llegaren a causar daños y perjuicios a éste, el mandante deberá indemnizarlo.-Esa clase de declaración de voluntad termina, de acuerdo al artículo 2595 de la norma sustantiva civil, por las siguientes causas: i) revocación, ii) renuncia del mandatario; iii) muerte, iv) interdicción; y, v) vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue otorgado.-El artículo 2600, del ordenamiento normativo en cuestión prevé que, si el mandante fallece, el mandatario tiene la obligación de continuar con la administración, hasta en tanto los herederos estén en posibilidad de asumir dicho deber, salvo que se irrogue algún perjuicio.-Es oportuno resaltar que el diccionario de la Real Academia Española define a la palabra ‘terminar’, como ‘poner término a algo’, ‘acabar’, ‘cesar’.-De ahí, que de una interpretación gramatical y teleológica del dispositivo normativo en cuestión, se concluye que esa ‘terminación’ a que alude la ley, se refiere exclusivamente al contrato del mandato y no respecto de los negocios que estén pendientes de concluir, salvo que la sucesión llegare a intervenir o se le cause algún perjuicio; pues afirmar lo contrario, implicaría dejar en el desamparo los intereses patrimoniales del de cujus.-Ese precepto normativo -artículo 2600 del Código Civil para la Ciudad de México- encuentra su origen en el diverso numeral 1366 del Código Civil Portugués, el cual dispone que, aunque el mandato termina por la muerte del mandante, el mandatario debe continuar con la administración, hasta en tanto, los herederos provean por sí mismos los negocios del de cujus, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.-Sobre ese tópico, Luiz Da Cunha explica que el contrato de mandato es intuito personae, basado en la confianza del mandante y cualidades personales del mandatario, por lo que es lógico que esa confianza puede ser transmitida a los sucesores de las partes contratantes, de ahí que, si el mandante muere, el mandato puede subsistir hasta que los herederos provean respecto al negocio que haya quedado inconcluso, salvo que se pueda causar un perjuicio a los sucesores.-Por su parte, Gustavo Minervini sostiene, al analizar los supuestos de ultractividad del mandato, que ‘De la misma forma que en los supuestos de muerte, interdicción e incapacitación del mandante, existe, en los relativos al mandatario, una norma legal que implica cierta tutela de los intereses del mandante a quien podría dañar gravemente una súbita e imprevista cesación del mandato.’.-De lo anterior, se puede concluir válidamente que, si el otorgante del mandato depositó su confianza en el mandatario con el objetivo de llevar a cabo un negocio, el hecho que llegara a acontecer su muerte, no es motivo suficiente para impedir que el representante continúe con la ejecución de la negociación hasta su culminación, o bien, cuando los herederos asuman las cargas que le corresponderían al autor de la sucesión.-En otro plano, se debe entender al mandato como un negocio jurídico patrimonial mixto.-Luis Díez-Picazo define al negocio jurídico patrimonial como: ‘un acto de autonomía privada que reglamenta para sus autores una determinada relación o una determinada situación jurídica. El efecto inmediato de todo negocio jurídico consiste en construir, modificar o extinguir entre las partes una relación o una situación jurídica y establecer la regla de conducta o el precepto por el cual deben regirse los recíprocos derechos y obligaciones que en virtud de esa relación recaen sobre las partes.’.-Asimismo, dicho doctrinario sostiene que los negocios patrimoniales pueden ser puros o negocios mixtos. ‘Los primeros son aquellos cuyo contenido y cuya finalidad son exclusivamente económicos (vgr.: una compraventa, un arrendamiento, la renuncia al derecho de propiedad, etcétera). Los segundos son aquellos en los cuales el contenido y la finalidad de carácter económico aparecen mezclados con fines de naturaleza personal o naturaleza familiar.’.-Es decir, el poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración es un negocio jurídico patrimonial mixto, porque por un lado, se le concede al apoderado la representación de su mandante (cuando se trata de un mandato representativo) y por el otro, porque la finalidad de esa ficción jurídica es que el representante proteja el patrimonio del otorgante como si fuera propio, entendido éste como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona posee, el cual no se extingue con la muerte de su otorgante.-En función de ello, el mandatario responde con su patrimonio frente a la persona con quien celebra el acto jurídico, por eso se explica el contenido del artículo 2577 del Código Civil, en el que el mandatario tiene el derecho de exigir del mandante las expensas necesarias para la realización del negocio.-En otras palabras, el traslado del patrimonio del mandante al mandatario, es una ficción jurídica que permite al mandatario realizar los actos jurídicos por cuenta propia.-Por el contrario; el mandatario al recibir las expensas necesarias para la realización del acto jurídico encomendado; se obliga con el mandatario a gestionar el negocio encomendado, lo cual implica, la conclusión del negocio conforme a las expectativas del mandante, esto es, obtener la expectativa deseada por el mandante: el éxito de la gestión.-Así se explica porque la calidad de intuito personae del mandato, pues el mandante espera que el mandatario le proporcione los resultados esperados.-Representación.-Al respecto, el artículo 1800 del Código Civil para esta ciudad dispone que, quien es hábil para contratar, puede hacerlo por sí o a través de otro legalmente autorizado.-Es decir, en virtud de la representación, el acto jurídico encomendado al representante, se hace con conocimiento de quien celebrará el acto jurídico con el representante.-Mandato con y sin representación.-Es importante distinguir entre mandato con representación y mandato sin representación.-El mandato puede ser con representación, es decir, que la persona con quien se realice el acto jurídico, conozca de antemano al mandante.-Por otra parte, el mandato sin representación implica que el acto jurídico se celebra por cuenta del propio mandatario, quien se obliga a cumplir con la obligación pactada con el mandante vía rendición de cuenta.-Así, no en todos los casos existe representación en el mandato, porque ello obedece a lo pactado con el mandante y no el acto jurídico que se encomendó al mandatario.-Sin embargo, se debe afirmar que en ambos supuestos existe la obligación de concluir con éxito el negocio.-Legitimación.-El tema de la legitimación ha sido analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-La legitimación en juicio puede ser, en la causa y en el proceso.-La legitimación en la causa, es la titularidad del derecho cuestionado, en tanto que, la legitimación en el proceso es la capacidad de acudir a juicio en nombre propio o a través de un representante.-De este modo, la legitimación en la causa no recae necesariamente en quien tiene o posee un derecho; sino en quien es el titular del derecho cuestionado.-Para definir quién es el titular en el derecho cuestionado en los casos de mandato, cuando el mandante fallece, se deben hacer algunas precisiones: El propósito de llevar con éxito el negocio no concluye con la muerte del mandante; sino precisamente con la conclusión satisfactoria del mismo.-A esta conclusión se arriba una vez examinado el contrato de mandato a la luz de su finalidad última.-Si al conceder el mandato, el mandante tiene la intención que éste concluya con éxito el negocio, ello implica en principio, que se trata de un acto que favorece su patrimonio.-Patrimonio que será trasladado a sus herederos, por lo que no existe algún indicio que esto pueda variar por ese hecho jurídico.-De ahí, que el éxito del negocio no podría concluir con la muerte del mandante.-Entonces, la conclusión del mandato concluye en dos supuestos: uno, cuando el mandatario concluyó satisfactoriamente el negocio o acto jurídico; otro, cuando la sucesión, a través de su representante, asume la continuación del negocio.-De ese modo, si bien el artículo 2595 del Código Civil vigente en la Ciudad de México establece como regla general que, el mandato termina con la muerte de mandante, también lo es, que conforme al diverso numeral 2600, el mandatario podrá continuar con la administración de los bienes, salvo que se demuestre que los herederos se hubieren hecho cargo del negocio que quedó intermitente o, bien se le llegare a causar algún perjuicio a la sucesión.-Pues por un lado, el contrato de mandato es intuito personae, basado en la confianza del mandante y cualidades personales del mandatario, quien tiene la obligación de procurar el patrimonio y los intereses del mandante, por lo que es lógico que esa confianza puede ser transmitida a los sucesores de las partes contratantes.-Así, es incorrecta la consideración de la Sala responsable, en el sentido que si la mandante murió en el dos mil once y el apoderado compareció al juicio hasta el año dos mil quince, se debe entender que el mandato ya había terminado para entonces, porque la temporalidad entre la muerte de la mandante y la comparecencia del representante al juicio transcurrió en exceso.-Se debe entender que, si la ejecución del acto jurídico (celebración del contrato de arrendamiento), comenzó durante la vigencia del poder, esa representación cesa hasta en tanto la encomienda concluya exitosamente, o se designe a la albacea de la sucesión.-Análisis del acto jurídico encomendado.-Además, se destaca que el negocio o uno de los negocios para los que se otorgó el poder, fue para la celebración de un contrato de tracto sucesivo.-En efecto, el contrato de arrendamiento ‘está llamado a crear entre las partes una relación obligatoria de carácter duradero ..., no se trata de una relación contractual cuyo contenido se agote en un momento, como puede ocurrir con una compraventa normal, sino que exige una permanencia en el tiempo que el derecho debe reconocer y tutelar. Puede, por tanto, el arrendamiento caracterizarse como un tipo a los que la tradición llamó «contratos que tienen tracto sucesivo».’.-Es decir, dicho negocio -contrato de arrendamiento- no se consuma por su mera celebración, ya que sus efectos se prolongan a través del tiempo y es hasta que se resuelve o rescinde la obligación cuando se termina la negociación.-Por tanto, si la celebración del contrato de arrendamiento, tuvo lugar durante la vigencia del poder y antes de la muerte de la mandante, el mandato no termina por esa circunstancia, hasta en tanto se concluya el negocio, o bien se resuelva o rescinda, con la salvedad que: • Los herederos se hubieren hecho cargo del negocio intermitente; o, • Se le llegare a causar algún perjuicio a la sucesión.-En el caso, no se demostró la actualización de ninguno de los dos supuestos aludidos.-De ese modo, opuestamente a lo resuelto por la Sala responsable, debe entenderse a pesar de la muerte de la otorgante, el poder aún surte efectos, respecto del contrato de arrendamiento, toda vez que ese negocio aún no concluye exitosamente y además, no se demostró que los herederos hubieren tomado cargo del mismo, o bien, que de continuar el mandatario con el ejercicio del mandato, se le irrogaría algún perjuicio a la sucesión.-Así, este órgano de control constitucional no comparte los criterios aislados en que se apoyó la autoridad responsable para emitir el acto analizado, de rubro: ‘PODER. SU EXTINCIÓN POR MUERTE DEL MANDANTE.’ y ‘MANDATO JUDICIAL. NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA UNA ACCIÓN QUE SE EJERCITA CUANDO YA FALLECIÓ EL MANDANTE.’, sostenidos, respectivamente, por el Sexto y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.-En primer lugar, debido a que se trata de criterios aislados emitidos por tribunales homólogos, por lo que este órgano jurisdiccional no está obligado a su observancia.-En segundo lugar, porque los mismos parten de la premisa que en todos los casos, el mandato termina con la muerte del mandante.-Por lo que es procedente denunciar la contradicción de criterios existente ante el Pleno de Circuito.-Finalmente, aun cuando la parte demandada hubiese hecho valer la citada excepción de falta de personería en el momento procesal oportuno, en nada le beneficiaría, pues como ha quedado expuesto, la representación analizada, debe continuar, respecto del contrato de arrendamiento base de la acción, hasta en tanto la sucesión de la de cujus asuma esa carga.-En consecuencia, al haberse estimado los motivos de inconformidad expuestos por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo.-Concesión del amparo. En función de lo anterior procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto que la autoridad responsable: 1) deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) en su lugar emita otra en la que reitere lo que no fue materia de la concesión de amparo; 3) determine que el apoderado está legitimado para comparecer al juicio, dado que el poder que le fue otorgado es vigente para efectos del contrato de arrendamiento; y, 4) en lo demás resuelva conforme a sus atribuciones."

El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes.

II. El Tercer Tribunal conoció del amparo directo D.C. 4797/91, promovido por **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de cinco de julio de mil novecientos noventa y uno, pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el toca 1288/91, deducido del juicio especial de desahucio tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Arrendamiento Inmobiliario.

Las consideraciones que sustentaron el criterio, son:

"QUINTO.-Por razón de método se pasa al estudio en forma preferente del segundo concepto de violación, mismo que de manera substancial resulta suficiente para conceder la protección federal que se solicita. En efecto, considerando las constancias y actuaciones que integran el juicio natural, como las existentes en el toca de apelación 1298/91, todas ellas con pleno valor probatorio al tenor de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de su contenido, especialmente respecto de los agravios que se hicieron valer en la segunda instancia y en contra de la sentencia de primer grado que resolvió el fondo del juicio, se puede concluir, como acertadamente lo refiere la ahora quejosa, que la Sala responsable infundadamente resolvió el segundo agravio en el que en forma muy precisa manifestó que el mandato aquel exhibido por el ahora tercero perjudicado, carecía de suficiente consistencia legal, en atención a que dicho poder se ejerció el día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, o sea con posterioridad a aquella fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa, en que falleció la mandante **********; al respecto la Sala responsable, como ya se dijo, infundadamente estableció que el mandatario estaba obligado a continuar en el ejercicio del mandato, aun después del fallecimiento del mandante, hasta en tanto los herederos no proveyeran por sí mismos esos negocios, pues de lo contrario podría resultar algún perjuicio, conforme lo dispuesto en el artículo 2600 del Código Civil. Ahora bien, como correctamente lo indica la peticionaria de garantías, esa consideración de la Sala responsable es contraria a la verdadera esencia jurídica contenida en el citado artículo 2600 de la ley sustantiva, pues dicha ad quem se olvida que el precepto en alusión puntualiza en primer orden que el mandato termina por la muerte del mandante, pero que por cuanto a la administración de los bienes que integran la masa hereditaria, el mandatario deberá continuar en sus funciones, hasta en tanto los herederos participen en una forma directa en los correspondientes negocios; sin embargo en el caso concreto inadecuadamente se interpreta el artículo últimamente citado, pues obviamente que si el mandato se ejerció en un procedimiento judicial como el de que se trata, con posterioridad a aquella fecha en que falleció la mandante, ante la destacada característica de ese inicio de procedimiento no opera el razonamiento de la ad quem, en el sentido de que el mandatario estaba obligado a continuar con sus funciones, con el fin de no causar un perjuicio a la masa hereditaria, pues se insiste, ese ejercicio de mandato realizado por **********, con posterioridad a la muerte de su mandante provoca la nulidad de su proceder. No obstante lo anterior y abundando en el caso, es pertinente puntualizar que para considerar obligatoria la función del mandatario en los negocios de la respectiva masa hereditaria, esto sólo procedería en el supuesto de que en vida de la mandante se hubiere intentado el respectivo juicio natural y en el que el mandatario hubiere asumido la necesaria representación, lo cual como ya se dijo, en el particular caso no sucedió, pues dicho mandato se intentó cuando ya había fenecido (sic) la poderdante, y bajo todas estas circunstancias es que como substancialmente lo invoca la parte quejosa en el motivo de inconformidad que ahora se examina, al no considerarlo así el tribunal de apelación de que se trata, indiscutiblemente que ese proceder resulta violatorio de garantías.-En atención a lo antes considerado, carece de objetividad entrar al estudio de los restantes conceptos de violación, ello con apoyo en la jurisprudencia número ciento seis, visible en la página ciento sesenta y siete, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’.-Consecuentemente, y por las razones que se precisan en la parte relativa de este considerando, en lo conducente la materia que constituye el acto reclamado infringe en perjuicio de la parte quejosa los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, por dichas circunstancias deberá concederse la protección federal que se solicita."

El criterio fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes.

De lo anterior, derivó la tesis aislada con registro digital: 221415, de rubro y texto siguientes:

"MANDATO JUDICIAL. NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA UNA ACCIÓN QUE SE EJERCITA CUANDO YA FALLECIÓ EL MANDANTE.-Si el mandato exhibido en un juicio de desahucio por el apoderado del arrendador se ejerce con posterioridad a la fecha en que falleció el mandante, conforme a lo dispuesto en el artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal, el mandato termina por la muerte del mandante, pero sólo en cuanto a la administración de los bienes que integran la masa hereditaria el mandatario deberá continuar, en sus funciones, hasta en tanto los herederos participen en una forma directa en los correspondientes negocios; sin embargo, en el caso concreto si el mandato se ejerció en un procedimiento judicial, con posterioridad a aquella fecha en que falleció el mandante, ante la destacada característica de ese inicio de procedimiento no opera el razonamiento del tribunal de alzada de que el mandatario está obligado a continuar con sus funciones, con el fin de no causar un perjuicio a la masa hereditaria, pues se insiste ese ejercicio de mandato realizado, con posterioridad a la muerte de su mandante provoca la nulidad de su proceder."

III. El Sexto Tribunal conoció del amparo directo D.C. 936/91, promovido por ********** (su sucesión), en el que reclamó la sentencia definitiva de treinta de noviembre de mil novecientos noventa, pronunciada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el toca 1007/90, relativo a la controversia de arrendamiento inmobiliario (desahucio), expediente 1278/89, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto del Arrendamiento Inmobiliario.

Las consideraciones que sustentaron el criterio, son:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la agraviada y que se contraen a que se violan en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por inexacta aplicación del artículo 2600 del Código Civil, que establece que por excepción, en caso de muerte del mandante, continuará ejerciendo el mandatario, entre tanto los herederos proveen por sí mismos de los negocios, o exista representación de la sucesión; que el citado numeral lo legitima, porque además de que todavía no existe representación legal de la sucesión, habiendo eminente (sic) perjuicio para ésta, aunque ‘... no se trata evidentemente de un caso urgente «...», pues aprovechando la ausencia repentina el arrendador, el arrendatario deja de pagar las rentas, lo cual es tan grave, según su dicho, que existe un juicio en vía especial de desahucio, por adeudo de más de dos meses de renta, y tal situación es el caso exacto del artículo anteriormente citado, sin que pueda hacer distingos el juzgador, donde no los hizo el legislador, pretendiendo con ello la Sala responsable poner una limitación a la continuidad del mandato y que no existe en la ley, ya que el legislador no señaló término posterior a la muerte del mandante, en el que pudiese tener aplicación el citado artículo del código sustantivo civil; que no se trata de ocurrir a un nuevo negocio, sino a uno preexistente, con eminente perjuicio (sic), porque en términos del artículos 17 constitucional nadie puede hacerse justicia por su propia mano; que él celebró el contrato en ejercicio del mandato y que precisamente por eso, no se le puede negar la personalidad reconocida al contratar, y que, por el fallecimiento del mandante, se considere el negocio como propio, como lo precisa el numeral 2563 del Código Civil, y cita en apoyo de sus argumentaciones diversas tesis jurisprudenciales.-Ciertamente, se afirma que son infundados, porque una sana interpretación del artículo 2600 del Código Civil para el Distrito Federal, es en el sentido de que tal dispositivo representa un caso de excepción a la extinción del mandato por muerte del mandante, consignada y estatuida para casos de extrema necesidad, que por la importancia y urgencia que represente, se puedan causar daños a los herederos o a la sucesión, cuando no estén legalmente designados los órganos de ésta (albacea o interventor); pero eso no implica que no exista plazo o término para la extinción del mandato por fallecimiento del mandante, ya que, en oposición al más elemental principio de seguridad jurídica, podría llegarse al exceso de no denunciarse la sucesión, y por ende, ante la falta de existencia y representación legal de la misma, el mandatario continuaría actuando sin ninguna limitación temporal, contraviniendo con ello la naturaleza jurídica del contrato de mandato.-Por otra parte, en el caso a estudio, no existe la urgencia que materialice la hipótesis normativa de excepción contenida en el citado artículo del código sustantivo civil, relativa a que pueda resultar algún
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