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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27174         1 de 1
Segunda Sala Publicación: viernes 16 de junio de 2017 10:22 h
DEPÓSITOS BANCARIOS EN LA CUENTA DEL CONTRIBUYENTE REPORTADOS A LA AUTORIDAD FISCAL POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS. PUEDEN TOMARSE COMO UNA BASE FEHACIENTE Y OBJETIVA A LA QUE RESULTA APLICABLE LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESPECTIVA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 285/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL CUARTO CIRCUITO, TERCERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, DÉCIMO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, respecto de la que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, autoridad que dictó la sentencia recurrida, objeto de análisis en la revisión fiscal 29/2015, que contiene uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, resulta conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas.

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en el recurso de revisión fiscal 29/2015, interpuesto por la administradora local jurídica de Morelia, contra la sentencia de diecinueve de febrero del dos mil quince, emitida por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 1079/14-21-01-8-OT, que declaró la nulidad de la resolución determinante de un crédito fiscal.

En la parte que interesa de la sentencia relativa, el Tribunal Colegiado de Circuito explicó que el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación prevé la posibilidad de que la autoridad determine presuntivamente un crédito en el caso en que el contribuyente hubiera omitido la presentación de su declaración.

Explicó que conforme al párrafo segundo de la fracción II de esa norma, cuando se omita presentar una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad podrá hacer efectiva una cantidad igual a la contribución que le corresponda determinar al contribuyente, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Dijo que el artículo 41 prevé que si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esa fracción, ésta se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. Además, en caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

Expuso que el vocablo fehaciente significa fidedigno o veraz, por lo que la expresión "conozca de manera fehaciente la cantidad", empleada en la norma, significa que la autoridad fiscal debe poseer información fiable, veraz, auténtica o verídica en cuanto a la existencia de una cantidad determinada a la cual se aplique la tasa o tarifa de un impuesto omitido, pero no se traduce en que la cantidad conocida por la autoridad deba corresponder efectivamente a ingresos o utilidad fiscal de la cual no queda lugar a dudas, máxime que la resolución emitida por la autoridad se trata de una presunción que admite prueba en contrario.

De esta manera, dijo que el artículo 41, fracción II, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación únicamente exige que la autoridad fiscal posea información auténtica, en cuanto a la existencia de una cantidad determinada a la cual deba ser aplicable la tasa o tarifa de un impuesto omitido, mas no que la cantidad corresponda a un ingreso (o utilidad fiscal) al cual deba aplicarse la tasa o tarifa.

Sentadas las bases anteriores, analizó el caso concreto y concluyó que fue correcto que la autoridad fiscal determinara a cargo de la contribuyente un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta equivalente a la cantidad que le fue reportada por instituciones financieras por concepto de depósitos en efectivo efectuados en las cuentas de la contribuyente, sin que se encontrara obligada a tomar en cuenta las deducciones, disminuciones u otros conceptos aplicables para fijar la base gravable, ya que la determinación que efectuó admite prueba en contrario.

Como se ve, este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal por la información proporcionada por instituciones bancarias pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en el recurso de revisión fiscal 17/2015, interpuesto por el administrador local jurídico de Monterrey, contra la sentencia del doce de diciembre del dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 3133/14-06-02-6, que declaró la nulidad de la resolución determinante de un crédito fiscal.

Estableció que el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación no exige a la autoridad fiscal que la cantidad a la que se aplique la tasa correspondiente sea la que corresponde al resultado final del ejercicio por concepto de impuesto sobre la renta, sino únicamente que cuente con los elementos de cálculo necesarios, como puede ser la información proporcionada por instituciones financieras relativa al importe de los depósitos en efectivo recibidos por la contribuyente, máxime que el artículo 4, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo establece la obligación de las instituciones financieras de informar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria el importe del impuesto a los depósitos en efectivo recaudado y el pendiente de recaudar por falta de fondos en las cuentas de los contribuyentes o por omisión de la institución de que se trate.

Agregó que dicha conclusión cobra sentido si se toma en cuenta que el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad, se podrá disminuir del importe que se tenga que pagar, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. Además, en caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad, la diferencia pagada podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

Como se ve, este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal por la información proporcionada por instituciones bancarias pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en el recurso de revisión fiscal 22/2015, interpuesto por el administrador local jurídico de Querétaro, contra la sentencia de veintinueve de enero del dos mil quince, emitida por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 1218/14-09-01-7, que declaró la nulidad de una resolución determinante de un crédito fiscal.

Expuso que de la lectura del artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación se advierte que la finalidad del legislador de aprobar la determinación presuntiva a que se refiere, fue establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la cantidad a pagar con motivo de la omisión en el pago de una contribución.

Agregó que para desmotivar el incumplimiento de los contribuyentes, se estableció que la cantidad a pagar fuera igual al monto mayor que se hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida, o bien, que cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podría hacer efectiva una cantidad igual a la contribución que hubiera correspondido determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Agregó que el procedimiento previsto en esa norma no busca inspeccionar, verificar, determinar o liquidar la situación fiscal de los contribuyentes, sino que busca vincularlos a que cumplan su obligación de presentar la declaración de impuestos, tanto es así que el crédito fiscal determinado es de carácter provisional, ya que puede ser desvirtuado al momento de presentarse la declaración omitida.

Sentadas las bases anteriores, el tribunal consideró que fue correcta la decisión de la autoridad de determinar a cargo del contribuyente un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta equivalente a la cantidad que le fue reportada por instituciones financieras por concepto de depósitos en efectivo efectuados en sus cuentas, máxime que se trata de información que cuenta con una presunción de certeza por provenir de los registros documentales de las instituciones que integran el sistema financiero.

Como se ve, este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal por la información proporcionada por instituciones bancarias pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en el recurso de revisión fiscal 36/2015, interpuesto por el administrador local jurídico de Naucalpan contra la sentencia del doce de diciembre del dos mil catorce, dictada por la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 2934/14-11-03-4, que declaró la nulidad de un crédito fiscal.

En la parte de la sentencia que interesa, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el procedimiento previsto en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación constituye una determinación presuntiva tendente a establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la cantidad a pagar con motivo de la omisión en el pago de la contribución respectiva que, además, pretende desmotivar el incumplimiento del contribuyente, lo que se corrobora si se toma en cuenta que también dispone que el pago del crédito no libera al contribuyente de presentar la declaración omitida.

Explicó que la presunción prevista por el legislador es de las denominadas iuris tantum, pues admite prueba en contrario cuando el contribuyente presente la declaración omitida, pudiendo en ese momento acreditar la cantidad exacta que le correspondía pagar.

Agregó que dicha norma exige el conocimiento fehaciente de la cantidad a la que es aplicable la tasa o cuota, lo que ocurrió en el caso concreto en que la autoridad fiscal conocía de manera fehaciente la cantidad a la que le era aplicable la tasa o cuota del impuesto sobre la renta, en virtud de los depósitos en efectivo que percibió la contribuyente durante el ejercicio fiscal dos mil once, que le fueron reportados por las instituciones financieras, en términos del artículo 4, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Sobre esas bases, concluyó que, contrario a lo resuelto por la Sala del conocimiento, para conocer de manera fehaciente la tasa aplicable de impuesto sobre la renta no era necesario que la autoridad hacendaria contara con los resultados fiscales del ejercicio tales como ingresos, deducciones, utilidades pagadas a los trabajadores y las pérdidas fiscales, precisamente porque existió omisión en la presentación de la declaración, sino que bastaba que tomara como base los montos registrados en la cuenta bancaria de la contribuyente que conoció de manera fehaciente.

De la síntesis anterior se advierte que este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal por la información proporcionada por instituciones bancarias pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en la revisión fiscal 19/2015, interpuesto por la administradora local jurídica de Cancún, contra la sentencia de veinticuatro de marzo del dos mil quince, dictada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 14/8221-20-01-03-03-OT, que declaró la nulidad de la resolución que determinó un crédito fiscal.

Expuso que el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece una determinación presuntiva que exige el conocimiento fehaciente de la cantidad a la que es aplicable la tasa correspondiente, es decir, requiere el conocimiento de la cantidad indubitable que sirve como base para aplicar la tasa relativa.

Explicó que la cantidad a la que se aplique la tasa no puede ser tomada arbitrariamente por la autoridad hacendaria, sino que debe ser equivalente a la que de manera fehaciente le correspondiera determinar a la contribuyente.

Sobre esa base, consideró que los depósitos en las cuentas de la contribuyente reportados por las instituciones financieras al Servicio de Administración Tributaria no se pueden considerar la base del cálculo para el crédito determinado presuntivamente, simplemente porque, tratándose del impuesto sobre la renta, la tasa no se aplica a los ingresos acumulables, sino al resultado fiscal obtenido una vez aplicadas las deducciones, en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De la síntesis anterior se advierte que este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal por la información proporcionada por instituciones bancarias no pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues esa norma exige el conocimiento fehaciente de la cantidad a la que es aplicable la tasa y, en el caso de ese tributo, dicha cantidad corresponde a la base gravable que se obtiene una vez aplicados, entre otros conceptos, las deducciones y pérdidas fiscales.

Décimo Séptimo Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en el recurso de revisión fiscal 491/2014, interpuesto por el administrador local jurídico del Norte del Distrito Federal, contra la sentencia de veintiséis de septiembre del dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 6140/14-17-01-2, que declaró la nulidad de la resolución determinante de un crédito fiscal.

El tribunal explicó que del artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación se advierte que la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que le corresponde determinar, siempre y cuando se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa respectiva.

Expuso que, a efecto de conocer de manera fehaciente la tasa que resulta aplicable al impuesto sobre la renta, es necesario tener en cuenta el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de cuya lectura se advierte que la cantidad a la que se aplicará la tasa del veintiocho por ciento es el resultado fiscal obtenido a partir de la utilidad fiscal que se determina disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagada y las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

Sobre esa base, concluyó que no era suficiente que la autoridad tuviera conocimiento de los depósitos recibidos por la contribuyente, a efecto de determinar el impuesto sobre la renta a su cargo, pues éstos no constituyen la cantidad a la que se aplica la tasa del veintiocho por ciento a que se refiere el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Como se ve, este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal no pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues esa norma exige el conocimiento fehaciente de la cantidad a la que es aplicable la tasa y, en el caso de ese tributo, dicha cantidad corresponde a la base gravable que se obtiene en términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en la revisión fiscal 132/2015, interpuesta por la administradora local jurídica de Celaya, contra la sentencia de dieciocho de marzo del dos mil quince, dictada por la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 2454/14-10-01-9, que declaró la nulidad de la resolución que determinó un crédito fiscal.

El tribunal explicó que, con fundamento en el artículo 41, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad hizo efectiva a la actora una cantidad igual al monto que debió pagar por concepto de impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal correspondiente a dos mil diez, basándose en la información proporcionada por las instituciones financieras, en relación con los depósitos en efectivo que recibió en sus cuentas.

Explicó que esa decisión partió de la premisa de que los depósitos constituían ingresos y, por tanto, era aplicable la tasa prevista en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, tal actuación fue ilegal, porque la autoridad demandada presumió que los depósitos en efectivo son ingresos cuando de conformidad con el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, para concluir que los depósitos en efectivo constituyen ingresos, es necesario llevar a cabo una presunción, lo cual evidencia que los depósitos de los que tuvo conocimiento no revelan en forma fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto, sino únicamente de una presunción.

De la síntesis anterior se advierte que este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal por la información proporcionada por instituciones bancarias no pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues esa norma exige el conocimiento fehaciente de la cantidad a la que es aplicable la tasa y no se puede presumir que los depósitos son ingresos.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

El criterio del mencionado órgano colegiado derivó de lo resuelto en la revisión fiscal 21/2015, interpuesta por el administrador local jurídico de Toluca, contra la sentencia de diecinueve de noviembre del dos mil catorce, dictada por la Tercera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en autos del juicio de nulidad 1504/14-11-03-8, que declaró la nulidad de la resolución que determinó un crédito fiscal.

En la sentencia relativa, el tribunal expuso que con independencia de que la autoridad conociera el importe de los depósitos en efectivo reportados por las instituciones financieras, lo cierto es que no conocía de manera fehaciente la cantidad a la que es aplicable la tasa o cuota del impuesto sobre la renta.

Arribó a esa conclusión sobre la consideración de que aun cuando el objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos que obtengan las personas en cada ejercicio fiscal, lo cierto es que el concepto al que se aplica la tasa para su cálculo no son los ingresos acumulables, sino el resultado fiscal del ejercicio que se obtiene, al disminuir las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

Así, concluyó que el hecho de que la autoridad demandada hubiera conocido los depósitos recibidos por la contribuyente durante el dos mil diez, no conducía en forma alguna a conocer de manera fehaciente la cantidad a la que era aplicable la tasa para calcular el impuesto sobre la renta, máxime que la ley aplicable específicamente prevé que dicho tributo se calcula sobre el resultado fiscal del ejercicio y no respecto de unos cuantos ingresos considerados de manera aislada.

De la síntesis anterior se advierte que este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los depósitos bancarios realizados a la contribuyente y conocidos por la autoridad fiscal no pueden tomarse como la cantidad a la que le es aplicable la tasa del impuesto sobre la renta para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo 41, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues esa norma exige el conocimiento fehaciente de la cantidad a la que es aplicable la tasa y, en el caso de ese tributo, dicha cantidad corresponde a la base gravable que se obtiene una vez aplicadas, entre otros conceptos, las deducciones y pérdidas fiscales.

CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis planteada, esta Segunda Sala considera que la denuncia respecto del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ha quedado sin materia, en atención a lo siguiente:

Del cúmulo de constancias que obran en autos de la contradicción de tesis, destaca que en sesión de veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, esto es, con posterioridad a la denuncia que ahora nos ocupa, el Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió la diversa contradicción de tesis 10/2016, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de ese Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 19/2015 de su índice, y el Tercer Tribunal Colegiado también de ese Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 9/2016.

De la resolución de esa contradicción de tesis derivaron las tesis de jurisprudencia PC.XXVII. J/9 A (10a.), de título y subtítulo: RENTA. DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES POR EL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." y PC.XXVII. J/10 A (10a.), de título y subtítulo: "DEPÓSITOS BANCARIOS. CONSTITUYEN UNA BASE FEHACIENTE Y OBJETIVA EN LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", que dejaron sin vigencia el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de ese Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 19/2015, que ahora contiende en la denuncia de contradicción de tesis que ahora nos ocupa.

En virtud de lo anterior, debe declararse sin materia la denuncia de contradicción de tesis, por lo que hace al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de ese Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 19/2015, en términos de la tesis 2a. XXII/2009, de esta Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo del 2009, página 470, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE CONOCIMIENTO DE QUE UNO DE ELLOS, CON POSTERIORIDAD AL PLANTEAMIENTO DE LA CONTRADICCIÓN, ABANDONA SU CRITERIO Y EMITE UNO COINCIDENTE CON EL DEL OTRO, DEBE DECLARARLA SIN MATERIA.-La contradicción de tesis tiene como finalidad preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer como jurisprudencia obligatoria cuando exista oposición entre los que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito en torno a un mismo tema jurídico, sin que se afecten las situaciones concretas cuestionadas en los asuntos en los que se sostuvieron las posturas, de tal manera que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene conocimiento de que uno de dichos tribunales, con posterioridad al planteamiento de la contradicción, se ha apartado del criterio que venía sosteniendo y ha asumido uno similar al del otro, desaparece la inseguridad jurídica y, en consecuencia, ya no existe la necesidad de determinar cuál es el que debe prevalecer, por lo tanto, debe declararse sin materia y no inexistente, puesto que si al momento de la denuncia sí existía la contradicción, con el cambio de criterio de uno de los órganos colegiados ya no hay materia sobre la cual decidir, y así debe determinarse. Consecuentemente, esta Segunda Sala se aparta del criterio que sostuvo al resolver la contradicción de tesis 90/98, en la tesis aislada 2a. CIII/99, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEJA DE EXISTIR CUANDO EL CRITERIO SUSTENTADO POR UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, ES SUPERADO O CAMBIADO POR EL MISMO ÓRGANO, COINCIDIENDO EN LO ESENCIAL CON LO CONSIDERADO POR EL OTRO TRIBUNAL COLEGIADO.’."

QUINTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.

Con esa finalidad, conviene precisar que de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia de la contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso, cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Dicho criterio encuentra reflejo en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto del 2010, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado
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