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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 26866         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 06 de enero de 2017 10:07 h
RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA DERIVADA DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DECLARACIONES FISCALES. AL NO PRODUCIR AFECTACIÓN EN MATERIA FISCAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PROMOVIDO EN SU CONTRA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS, Y OCTAVO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 18 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, CARLOS AMADO YÁÑEZ, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. PONENTE: ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ. SECRETARIO: GUSTAVO NARANJO ESPINOSA.

México, Distrito Federal, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS; para resolver la contradicción de tesis 32/2016, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, al resolver el juicio de amparo ADA. 790/2015 (auxiliar 136/2016), en auxilio de las labores del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo DA. 10/2016; y el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el juicio de amparo 72/2016 (auxiliar 418/2016), en auxilio de las labores del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, al resolver el juicio de amparo ADA. 790/2015 (auxiliar 136/2016), en auxilio de las labores del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de contradicción. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, los Magistrados Griselda Guadalupe Guzmán López y Julio Eduardo Díaz Sánchez, integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, denunciaron la posible contradicción entre el criterio emitido por dicho órgano en el juicio de amparo 72/2016 (auxiliar 418/2016), en auxilio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, al resolver el juicio de amparo ADA. 790/2015 (auxiliar 136/2016), en auxilio de las labores del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo DA. 10/2016.

SEGUNDO.-Radicación. En auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito radicó la contradicción con el número 32/2016, la admitió a trámite y dio la intervención correspondiente a los tribunales contendientes.

TERCERO.-Turno. Al estar debidamente integrado el expediente, el dos de septiembre del año en curso, se turnó el asunto al Magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y representante ante el Pleno en Materia Administrativa, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General Número 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, pues se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, tal como lo establece el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, respecto a la ejecutoria emitida en el amparo directo 72/2016 (auxiliar 418/2016), en auxilio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.-Criterios contendientes. Las consideraciones expuestas por los Tribunales Colegiados contendientes son, en síntesis, las siguientes:

Criterio del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el juicio de amparo directo 72/2016 (auxiliar 418/2016), en auxilio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En parte del considerando sexto de la ejecutoria, se consideraron ineficaces los argumentos planteados por la quejosa, relativos a que el juicio contencioso administrativo es procedente contra la resolución negativa ficta recaída a la petición formulada en la Oficialía de Partes de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Oriente del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, sobre la certificación y/o rectificación del contenido de la declaración normal presentada el tres de junio de dos mil diez.

Al respecto, se señaló, esencialmente, que conforme al artículo 14, fracción IV, en relación con la fracción XIV, de la Ley Orgánica del entonces Tribunal Federal de Justifica Fiscal y Administrativa, el órgano jurisdiccional tiene competencia legal para conocer de los juicios promovidos contra resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que causen un agravio en materia fiscal distintos a los previstos en sus fracciones I, II y III, así como de resoluciones en las cuales se configura la negativa ficta y tengan relación con alguna de las hipótesis referidas en el precepto.

Adujo que el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación establece que se configura la negativa ficta, traducida en la denegación tácita de lo solicitado, cuando las autoridades fiscales no resuelvan en un plazo de tres meses la petición o consulta formuladas por escrito; hipótesis que permite al interesado interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior al término del plazo, siempre y cuando no se haya dictado resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.

Que del escrito de la contribuyente se desprendía que la pretensión fue que la autoridad tributaria ejerciera la facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, al revisar la declaración normal por concepto de impuesto al valor agregado presentada el seis de marzo de dos mil once, y que se informara si el cálculo aritmético fue correcto y, en caso contrario, que se rectificara, inclusive, a través de la solicitud de la información y documentación necesaria para ello, en tanto que, de resultar incorrecta la declaración, podría determinarse un crédito fiscal a su cargo.

De manera que la falta de respuesta a lo pedido tendría como consecuencia que no se ejerzan las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria.

A partir de la idea concerniente a la configuración de la resolución negativa ficta, en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, en la sentencia se manifestó que la conducta omisiva de la autoridad no causaba a la quejosa perjuicio real y directo en materia fiscal, ya que las facultades de comprobación son discrecionales de ahí que no era posible obligarla a ejercerlas a solicitud de los particulares.

En el mismo orden de ideas, se concluyó que la falta de respuesta no era contraria al derecho de la peticionaria de ser asistida por las autoridades fiscales, contenido en los artículos 2, fracción I y 8 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y, en consecuencia, que se causaba agravio en materia fiscal, puesto que la intención de la quejosa no fue recibir esa ayuda, sino que la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación.

El tribunal afirmó también que no era aplicable en beneficio de la quejosa el modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad, en la medida que no se apreciaba que el artículo 14, fracción IV, en relación con la fracción XIV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fueran contrarios a la Constitución General o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte, sin la necesidad de justificar jurídicamente lo anterior, pues la norma no generaba convicción que ponga en entredicho su presunción de constitucionalidad.

Sobre esa cuestión, se abundó, al expresarse que para aplicar el modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad, era indispensable que la quejosa cumpliera los requisitos mínimos para su análisis, como precisar la norma en específico y cuál derecho humano estaba en discusión, lo cual no sucedió. Se invocó las jurisprudencias de rubros: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." y "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES."

Con apoyo en las consideraciones anotadas, el órgano jurisdiccional consideró que fue correcto el desechamiento de la demanda de nulidad.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, al resolver el juicio de amparo ADA. 790/2015 (auxiliar 136/2016), en auxilio de las labores del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El órgano jurisdiccional transcribió parte del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de cuyo texto advirtió, entre otros supuestos, que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones negativas fictas en las materias indicadas en la norma, por el transcurso del plazo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las disposiciones aplicables.

Sostuvo que se combatió la negativa ficta respecto de una solicitud de certificación y rectificación de la declaración normal por concepto de impuesto al valor agregado; de tal forma que se configuraba el supuesto previsto por el artículo 14, fracción XIV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues conforme al numeral 37 del Código Fiscal de la Federación, las instancias o peticiones presentadas a las autoridades tributarias deben resolverse en un plazo de tres meses. Que transcurrido el plazo sin notificar al particular la resolución correspondiente, el interesado puede considerar que se resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo.

El órgano colegiado agregó que, en términos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procede el juicio de nulidad contra los actos que causen agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones I, II y III del precepto.

Estimó aplicable la jurisprudencia 2a./J. 21/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA.",(1) en tanto que en ella se interpretó el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, que dispone, en esencia, lo mismo que el numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, al prever ambos supuestos de procedencia del juicio de nulidad.

El tribunal estableció que la solicitud de certificación y rectificación de la declaración normal, por concepto de impuesto al valor agregado, era una resolución negativa ficta relacionada con la materia fiscal, en atención a que se relacionaba con la recaudación de impuestos y con el cumplimiento de leyes tributarias.

Añadió que la quejosa argumentó que el agravio en materia fiscal derivaba del hecho de que la resolución negativa ficta le impedía ser asistida en el debido cumplimiento de sus obligaciones tributarias, transgrediéndose así su derecho fundamental de seguridad jurídica, al negarle el derecho a rectificar las declaraciones, de conformidad con el artículo 42, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 2, fracción I y 8 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; aspecto que hacía manifiesta la procedencia del juicio contencioso administrativo federal.

En la ejecutoria consultada se manifestó que el Máximo Tribunal del País determinó que las resoluciones negativas fictas constituían el silencio de la autoridad por el transcurso de tres meses ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, lo cual genera la ficción jurídica en cuanto a la presunción legal de que la autoridad resolvió en forma contraria a los intereses del solicitante; surgiendo de ese modo el derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra la negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva.

Que ese silencio era la resolución de fondo respecto de las pretensiones del contribuyente, susceptible de impugnación; de ahí que la controversia del juicio de anulación se debía centrar en ese aspecto, sin atender cuestiones procesales para desechar el medio de defensa.

Citó la jurisprudencia 2a./J. 165/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA."(2)

En esa tesitura, el órgano juzgador señaló que era procedente el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 14, fracciones IV y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; sin que fuera obstáculo que la responsable haya considerado que no se trata de una resolución definitiva, en tanto que conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ese órgano jurisdiccional tenía atribuciones para conocer de los juicios en los cuales se atacaran, entre otros, actos administrativos que constituyan la última expresión de voluntad de la autoridad administrativa, ubicados en alguna de las fracciones de dicha norma, como sucedía en el caso particular.

Por las circunstancias anotadas, se concedió el amparo para que la responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera uno nuevo, en el cual, de no existir una diversa causa de improcedencia, ordenara admitir la demanda de nulidad y, en su momento, pronunciara la sentencia respectiva en donde, con libertad de jurisdicción, examinara los temas de fondo sobre la negativa ficta.

Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo DA. 10/2016.

Refirió que del artículo 14, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio de nulidad procede contra las resoluciones negativas fictas en las materias señaladas en el precepto, por el transcurso del plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las disposiciones aplicables.

Que se controvirtió en el juicio contencioso administrativo la resolución negativa ficta respecto de la solicitud de certificación y rectificación de una declaración complementaria presentada a través del portal del Servicio de Administración Tributaria; situación que actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual, las instancias o peticiones formuladas a las autoridades tributarias debe resolverse en un plazo de tres meses, y transcurrido sin que se le notifique al interesado la resolución correspondiente, puede considerar que se resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo.

Que la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé que en el juicio de anulación pueden atacarse actos que causen agravio en materia tributaria distinto a los señalados en sus fracciones I, II y III.

El tribunal señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó qué debe entenderse por agravio en materia fiscal en la jurisprudencia 2a./J. 21/2007, de rubro: "CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA."

El criterio se consideró aplicable, en tanto que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, dispone, en esencia, lo mismo que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de dos mil siete.

Que de ese modo, la resolución controvertida era una negativa ficta relacionada con la materia fiscal, ya que su origen fue la solicitud de certificación y rectificación de una declaración complementaria presentada a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, aspecto vinculado con la recaudación de impuestos y el cumplimiento de leyes tributarias.

El tribunal señaló, además, que la peticionaria alegaba como agravio en materia fiscal que la resolución negativa ficta le impide la asistencia en el debido cumplimiento de sus obligaciones, razón por la cual se transgredía en su contra el derecho fundamental de seguridad jurídica, al negarle la rectificación de las declaraciones, de conformidad con el artículo 42, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el numeral 2, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En ese contexto, refirió el órgano colegiado, que los extremos descritos resultaban suficientes en ese momento para admitir la demanda de nulidad, pues la demostración de la afectación en materia fiscal sería parte del estudio de fondo del asunto.

Que no era obstáculo lo determinado por la responsable, en cuanto a que la resolución combatida no era definitiva, pues el primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa atribuía competencia a ese órgano jurisdiccional para conocer de los juicios en los cuales se atacaran actos administrativos que constituyan la última expresión de voluntad de la autoridad administrativa, ubicada en alguna de las fracciones del artículo y que, en el caso, se trataba de una resolución negativa ficta, que actualizaba el supuesto de sus fracciones IV y XIV; de ahí que el fuera procedente el juicio contencioso administrativo.

A partir de las ideas relatadas, el tribunal concedió el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el acto reclamado y emitiera nueva resolución en la cual, de no existir una diversa causa de improcedencia, ordenara la admisión de la demanda de nulidad.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Para dilucidar el tema se consideran los lineamientos que al respecto ha emitido el Máximo Tribunal del País en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, del texto siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible." (Primera Sala, página 122, Tomo XXXI, marzo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época)

Así, los dos elementos que deben considerarse para determinar si existe o no contradicción de criterios, son que los órganos jurisdiccionales en las ejecutorias contendientes:

1. Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

2. Adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Conforme a la síntesis realizada en el considerando anterior, los Tribunales Colegiados contendientes actuaron de forma diversa. Dos de ellos determinaron, esencialmente, que las resoluciones negativa ficta derivadas de las solicitudes de certificación y rectificación de declaraciones se relacionaban con la materia fiscal, ya que se vinculan con la recaudación de impuestos y el cumplimiento de leyes tributarias.

Que el agravio en materia fiscal se ponía en evidencia también, porque la resolución negativa ficta impide a la quejosa la asistencia en el debido cumplimiento de sus obligaciones, controvirtiéndose así el derecho fundamental de seguridad jurídica, por negarle la rectificación de las declaraciones, de conformidad con el artículo 42, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el numeral 2, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Los tribunales señalaron que era irrelevante si la resolución era o no definitiva, ya que el primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa otorgaba facultades al órgano jurisdiccional para conocer de los juicios en los cuales se atacaran actos administrativos en los cuales se expresara la última voluntad del ente de gobierno administrativo, lo cual hacía procedente el juicio de anulación.

Que, por ello, debía admitirse a trámite la demanda de anulación, pues la demostración de la afectación en materia fiscal era parte del estudio del fondo de la controversia.

Mientras que el otro tribunal determinó que el objeto de la solicitud presentada por la quejosa respecto a la certificación y rectificación, era que la autoridad tributaria ejerciera la facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, al revisar la declaración normal por concepto de impuesto al valor agregado, que se le comunicara si el cálculo aritmético fue correcto y, en caso contrario, que se rectificara, inclusive, a través de la solicitud de la información y documentación necesaria para ello.

De ahí que la falta de respuesta a lo pedido tendría como consecuencia que no se ejerzan las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria; por lo cual, la resolución negativa ficta no causaba a la solicitante perjuicio real y directo en materia fiscal, pues las facultades de comprobación son discrecionales; de tal suerte que no se podía obligar a la autoridad a ejercerlas.

Que por las razones expuestas, era inexistente la violación al derecho de la peticionaria de ser asistida por las autoridades tributarias contenido en los artículos 2, fracción I y 8 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y, en consecuencia, el perjuicio en materia fiscal, en tanto que la pretensión de la quejosa no fue recibir esa ayuda, sino que la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación.

Se concluyó que en los términos descritos, la demanda de nulidad fue desechada correctamente.

Según se aprecia de los criterios contendientes, se actualiza la contradicción de tesis, pues en los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados se examinaron cuestiones jurídicas iguales y se adoptaron posiciones discrepantes.

En efecto, dos órganos jurisdiccionales decidieron que las resoluciones negativa ficta derivadas de las solicitudes de certificación y rectificación de declaraciones producen afectación en materia fiscal y que, por ello, en su contra procede el juicio de anulación; mientras que el otro estimó lo contrario.

En ese estado de cosas, la materia de contradicción consiste en determinar si la resolución negativa ficta derivada de la solicitud de certificación y rectificación de declaraciones produce o no afectación en materia fiscal y, por esa razón, si procede o no en su contra el juicio contencioso administrativo federal.

Por tanto, no será motivo de examen el momento procesal en el cual puede analizarse la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, a partir del estudio de la existencia o no de afectación en materia fiscal derivada de la resolución negativa ficta por el silencio administrativo respecto a la solicitud de certificación y rectificación de declaraciones.

QUINTO.-Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito, de acuerdo con las consideraciones que se desarrollan a continuación:

El concepto de derecho fiscal es definido medularmente en la página 293, tomo III, de la Enciclopedia Jurídica Mexicana, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, Segunda Edición, México, 2004, de la forma que se reproduce enseguida:

"Derecho fiscal. I. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y sistematizan los ingresos fiscales del Estado, Estas normas jurídicas comprenden la actividad fiscal del Estado, las relaciones entre éste y los particulares y su repercusión sobre estos últimos.

"...

"En el derecho positivo mexicano, el derecho fiscal regula los ingresos fiscales dentro de los que las contribuciones ocupan un lugar preponderante. El a. 31 constitucional que se refiere a las obligaciones de los mexicanos señala, en su fr. IV., la de contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios de la residencia, en la forma proporcional y equitativa de determinen las leyes. De esta manera se prescriben los requisitos mínimos que deben reunir las contribuciones."

En relación con lo que debe entenderse por "materia fiscal", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se trata de todo aquello relacionado con la recaudación de impuestos, como se advierte de las tesis siguientes:

"MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.-Por materia fiscal debe entenderse lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente a las sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las leyes tributarias." (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo 69, Tercera Parte, página 51)

"MATERIA FISCAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.-Por materia fiscal debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de la infracción a las leyes que determinan dichos impuestos." (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: Tomo III, Parte HO. Tesis 1169, página 923)

El Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver los amparos en revisión 1223/2005, 1445/2005, 1454/2005, 1468/2005, 1513/2005, 1516/2005, 1524/2005, 1555/2005 y 1696/2005, determinó que dentro del concepto "en materia de contribuciones", deben considerarse los proyectos de ley o decreto en los cuales se proponen modificaciones a los elementos esenciales de los impuestos, así como las propuestas de ley o decreto que versan sobre todos los temas relacionados o vinculados estrechamente con esa materia.

Ahora bien, conforme al artículo 31, fracción IV, de la
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