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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 26836         1 de 1
Plenos de Circuito Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. SU RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A UN MENOR DE EDAD POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2005, DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO, AUXILIADO EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROGELIO CAMARENA CORTÉS, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN Y JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. PONENTE: FILEMÓN HARO SOLÍS. SECRETARIO: J. RICARDO JIMÉNEZ LEAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados, uno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y otro, que fungió como auxiliar en la misma especialidad.

En efecto, tal afirmación es válida aun cuando uno de los Tribunales Colegiados contendientes corresponde al Centro Auxiliar de la Primera Región, pues los órganos auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante periodo determinado, por lo cual, su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilien y, por eso, al prestar su ayuda asumen la jurisdicción del auxiliado; de ahí la razón por la cual con su proceder interpreta la normatividad estatal aplicable a dicho Circuito o la legislación federal circunscrita al mismo; por eso, se entienden pertenecientes al Circuito del Tribunal Colegiado Auxiliado.

De este modo, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, entonces, tiene competencia legal para conocer de las contradicciones de tesis sustentadas este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por ser al que corresponden los tribunales en conflicto.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.),(1) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los tribunales auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."

Aquí conviene agregar que en la resolución recaída en la contradicción de tesis 346/2014, de cinco de agosto de dos mil quince, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que correspondía al Pleno en Materia Administrativa de este Circuito, la competencia para resolver la contradicción de los criterios sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, ya que en dicha resolución sostuvo, en lo que interesa: "en cuanto a los fallos emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, esta Segunda Sala advierte la posible contradicción de criterios; sin embargo, carece de competencia para pronunciarse."

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por la recurrente en un amparo en revisión (fojas 17 a 19 del toca), el cual forma parte de la presente denuncia.

TERCERO.-Antecedentes y contenido de los criterios contendientes. Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios y por orden de su emisión, son los siguientes:

A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 243/2013, en sesión de veintitrés de enero de dos mil catorce (fojas 30 a 62 del toca), consideró, en lo que importa, lo siguiente:

"QUINTO.- ...son sustancialmente fundados los planteamientos que se hicieron dentro del primer agravio, con relación a los actos que se imputan a la Universidad de Guadalajara, al Consejo General Universitario, al Consejo Universitario de Educación Media Superior y al director general de Educación Media Superior, los tres últimos dependientes de la primera, que tienen que ver con la no admisión del menor quejoso como alumno, así como a la abstención de aprobar normas y políticas generales para regular el ingreso de los alumnos, y de normar los criterios para ingresar.

"Dentro del primer motivo de inconformidad, el menor promovente, en esencia, alega:

"• Que le causa agravio el sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada, con base en que la Universidad de Guadalajara (y, por ende, las restantes responsables que de ella dependen), no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo;

"• Que lo anterior se debe a que de manera indebida se aplica la jurisprudencia 2a./J. 180/2005, con el rubro: ‘UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’, como fundamento para esa determinación, pasando por alto que las consideraciones en que se sustenta fueron rebasadas por las reformas en materia de derechos humanos, efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de dos mil once, así como por las diversas modificaciones que se hicieron al artículo 3o. de ese Ordenamiento Supremo, en febrero de dos mil doce, ya que en este último precepto se amplió el espectro del derecho al acceso a la educación hasta el nivel medio superior;

"• Que, precisamente, en el mencionado numeral se establece que la educación preescolar, primaria, secundaria y la media superior son obligatorias, por lo que el Estado Mexicano tiene que realizar las acciones necesarias para protegerlo;

"• Que entonces, aunque la Universidad de Guadalajara tiene personalidad jurídica, así como un patrimonio propio y goza de autonomía, según el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, es un organismo público descentralizado que forma parte de la administración pública estatal, conforme a la jurisprudencia P./J. 97/2004, con el rubro: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO SON AUTÓNOMOS, ESTÁN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA.’, motivo por el cual, tiene la obligación de realizar las funciones que competen al Estado Mexicano, como impartidora de la educación media superior y superior, por lo cual, debe también respetar el mandato constitucional y las disposiciones de las leyes secundarias, a fin de salvaguardar el Estado de derecho;

"• Que la autonomía de que goza, no puede interpretarse de otra manera, sino en los términos que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada con el rubro: ‘AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.’, en la cual se estableció que quedan sujetas a lo dispuesto en la Carta Magna y en las leyes secundarias, tratándose de la educación que debe impartir el Estado Mexicano; y,

"• Que por todo eso, es procedente el juicio de garantías, tal como se interpretó en la tesis aislada, con el rubro: ‘AUTORIDAD RESPONSABLE. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN TIENE ESE CARÁCTER CUANDO IMPIDE U OBSTACULIZA AL PARTICULAR OBTENER LA CALIDAD DE ALUMNO.’

"Tales motivos de inconformidad, suplidos en su deficiencia, de acuerdo con lo que ordena el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, son los que se consideran sustancialmente fundados.

"En efecto, de la ejecutoria emitida dentro del amparo en revisión 626/2011, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, aprobada en sesión de dos de febrero de dos mil doce, en la parte que interesa, se dijo lo siguiente:

"‘SÉPTIMO.-Estudio de la causa de improcedencia que invocó la Juez de Distrito. La causa de improcedencia invocada por la Juez Federal es infundada, por lo que procede revocar la resolución constitucional sujeta a revisión, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

"‘La Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que era improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no constituyen actos de autoridad, en atención a que el vínculo existente entre la quejosa y las señaladas como responsables deriva de una simple expectativa de derechos consistente en la aspiración de la demandante para ingresar como alumna a la escuela Preparatoria Número **********, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"‘En relación con las razones por las que la Juez Federal arribó a la conclusión de que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, la recurrente no plantea motivo de inconformidad específico, pues nada dice del porqué los actos desplegados por el rector, director de la Preparatoria Número ***********, presidente de la Comisión Académica del consejo, presidente del Consejo Universitario, secretario general y responsable del Centro de Evaluaciones, todos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, contrario a lo resuelto por la Juez de Distrito, sí deben considerarse actos de autoridad para los efectos del juicio de garantías.

"‘Sin embargo, con fundamento en el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la deficiencia de los argumentos a favor de la recurrente, al tratarse de una menor de edad.

"‘En efecto, la minoría de edad se acreditó por **********, con la copia certificada que aparece agregada a foja trescientos sesenta y ocho de los autos del juicio de garantías, a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el ordinal 2o. de esta última legislación, pues tal documento justifica que nació el quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

"‘Por tanto, procede la suplencia de la deficiencia de sus argumentos, en los que únicamente manifestó que la juzgadora federal, con su determinación, se alejó de los derechos fundamentales de la Carta Magna y lo establecido en los tratados internacionales.

"‘Así, en suplencia de la deficiencia de los agravios, le asiste la razón a la recurrente porque, contrario a lo que resolvió la Juez de Distrito, los actos reclamados sí constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que resulta infundada la causa de improcedencia invocada en la resolución constitucional sujeta a revisión.

"‘En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es facultad del Poder Ejecutivo proponer la creación de organismos descentralizados; a su vez, el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León establece que la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una institución de cultura superior al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad jurídica, además de que goza de autonomía e independencia plena. Mientras que, por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León establece que la administración estatal estará conformada por los organismos públicos descentralizados.

"‘Es decir, la Universidad Autónoma de Nuevo León es un ente que, aunque creado por el Estado, no depende de alguno de sus tres poderes ni está facultado para realizar funciones propias de gobierno, pues su obligación fundamental la constituye crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, según lo establece el artículo 2o. de la ley orgánica de esa institución.

"‘Por otra parte, el artículo 11 de la Ley de Amparo determina que tiene el carácter de autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

"‘Además, el concepto de autoridad, para efectos del amparo, se definió en la tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘«AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: <AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término <autoridades> para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.>, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.»

"‘Del criterio previamente transcrito se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que una persona o institución sea considerada autoridad debe estar facultada para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del gobernado.

"‘En esos términos, si la quejosa al pretender ingresar a la escuela Preparatoria Número **********, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sólo desarrolló trámites de inscripción ante dicha institución, y en sus informes justificados, los cuales se encuentran agregados a fojas de la 210 a la 347, así como de los informes rendidos en cumplimiento del requerimiento de la juzgadora por parte de las autoridades de la universidad, agregados a fojas de la 362 a la 401 del juicio de amparo, las autoridades manifestaron que no aprobó dicho examen, se desprende que no se trata de actos de imperio que impidan el ejercicio de algún derecho que debe ser respetado por el solo hecho de tenerse, pues en realidad sólo se trató de un trámite en donde la menor pretendió incorporar a su esfera jurídica la calidad de miembro a esa universidad; empero, por un obstáculo imputable a ella misma, como fue no aprobar el examen de admisión, no adquirió tal calidad.

"‘En ese sentido, la condición sine qua non para que la Universidad Autónoma de Nuevo León asuma la característica de autoridad que establece la Ley de Amparo y la jurisprudencia, se constituye porque en su ejercicio impida o afecte algún derecho incorporado a la esfera jurídica de la quejosa, sin que en principio pudiera advertirse esa calidad.

"‘En efecto, no hay duda que el artículo 3o. constitucional establece, como garantía y derecho fundamental de los gobernados, tener acceso a la educación superior, y específicamente, en la fracción V de ese ordinal, se prevé que el Estado la promoverá, circunstancia que puede advertirse y vigilar su irrestricto respeto cuando el gobernado, por el cumplimiento de la normatividad de las instituciones educativas sea miembro de alguna y, por tanto, haya incorporado a su esfera jurídica ya el derecho a recibir esa educación.

"‘El anterior razonamiento se encuentra reflejado concretamente en la jurisprudencia 2a./J. 180/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se estableció como requisitos de procedencia del juicio de amparo para otorgar la calidad de autoridad a las universidades, que los quejosos sean alumnos de la institución educativa y que ésta, por incumplimiento a las disposiciones que lo rigen, afecte el derecho a la educación que como gobernados tiene.

"‘La citada jurisprudencia aparece publicada en la página 1261 del Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘«UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.-La mencionada universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley Orgánica, <... un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es impartir educación media superior y superior ...>; por tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, goza de independencia para determinar por sí sola, los términos y condiciones en que desarrollará los servicios educativos que preste, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, lo que la habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general que le permitan cumplir con mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al aspirante que cumpliendo con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la universidad, siendo hasta entonces cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en esa específica situación jurídica. En consecuencia, la denegación de la Universidad de Guadalajara para admitir a una persona como alumno, por no haber aprobado el examen correspondiente, no constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser tomados en cuenta en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en el propio reglamento; de ahí que no exista entre la citada institución educativa y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya que éste no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones relacionados con dicha casa de estudios.»

"‘En el caso particular, es claro que la quejosa no reúne las características que prevé como condición de acceso al juicio de amparo la jurisprudencia transcrita.

"‘Empero, la esencia del reclamo radica en cuestionar la validez del procedimiento que le impidió reunir esa calidad. De ahí que no sea válido justificar la improcedencia con la aplicación del criterio jurisprudencial transcrito, pues de hacerlo, se impediría conocer el fondo del planteamiento, incurriendo en un defecto de lógica al tomar como premisa de la demostración justamente lo que se pretende demostrar. Esto es, que la quejosa no cumplió con los requisitos de acceso a la institución educativa.

"‘En esos términos, si las autoridades educativas, en ejercicio de sus leyes internas, señalan que la quejosa no cumplió con el requisito de aprobación para ingresar a la escuela Preparatoria Número **********, y la quejosa aduce que sí cumplió con esos requisitos, ese planteamiento no puede desestimarse por la circunstancia de que para ser considerado acto de autoridad debe afectar un derecho ya incorporado al ámbito jurídico de la quejosa, precisamente, porque en el planteamiento subyace la ilegalidad del procedimiento que le impide reunir esa calidad y, en esas condiciones, la verificación del procedimiento constituye el fondo del amparo, que no es válido examinar a título de improcedencia, porque implicaría una obvia y evidente denegación de justicia.

"‘Planteado el problema en esos términos, debe precisarse cuál es el derecho que está en juego y si la actuación de las autoridades universitarias constituye o no un acto de autoridad.

"‘Ya se indicó que constituye una garantía el acceso del gobernado a la educación superior y, en esos términos, no hay duda que la pretensión de acceder a ese nivel de cultura, constituye un derecho fundamental que al ejercitarse o verse reflejada materialmente la pretensión, el aparato estatal debe hacer cuanto esté a su alcance para protegerlo debidamente.

"‘Así, si en los autos está acreditado que la quejosa realizó los trámites de inscripción, pues a fojas de la 364 a la 370 del juicio de amparo obran agregados el oficio signado por el director de la Escuela Preparatoria Número **********, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mediante el que allegó copias certificadas por el secretario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la identificación expedida a la quejosa para el concurso de ingreso a esa preparatoria, que tuvo verificativo el seis de noviembre de dos mil diez; de la solicitud de registro a dicho concurso con número ***********; de su acta de nacimiento; de su clave de registro e identidad personal, y del certificado de educación secundaria; y aduce que en esos trámites hubo una indebida actuación por parte de la autoridad educativa, el Estado, a través del órgano competente, debe vigilar y verificar si existió una actuación justificada para impedir el acceso a la educación superior sin restringir en absoluto el ejercicio de esa pretensión puesta en práctica por la quejosa con sus trámites respectivos.

"‘Luego, es fácil concluir que si las autoridades educativas, en ejercicio de su facultad, obstaculizan o impiden el acceso de una persona a la educación superior, claramente están desplegando actos de imperio, pues lo hacen en un plano de supra a subordinación al determinar que el interesado debe someterse al proceso de selección por ella establecido de modo unilateral con base en la ley que le otorga independencia, sin posibilidad de oponerse a dicha actuación. Es decir, esa imposibilidad de oposición constituye la característica esencial de imperio que tiene el acto, por tanto, debe ser considerado como de autoridad.

"‘En apoyo del porqué debe considerarse como acto de autoridad el impedimento a continuar disfrutando de una situación jurídica reconocida por la Constitución y que constituye la pretensión de acceder a la educación superior, se desprende de lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 12/2002, publicada en la página 320 del Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘«UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.-Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional
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