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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 26490         1 de 1
Primera Sala Publicación: viernes 26 de agosto de 2016 10:34 h
ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO.

ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE.

ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR ALIMENTARIO ES ESTRICTAMENTE INDIVIDUAL Y SURGE DE LA NECESIDAD Y NO DE LA COMODIDAD.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 468/2015. 4 DE NOVIEMBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA.

III. Competencia y oportunidad

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo.

18. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó a las partes por medio de lista el once de diciembre de dos mil catorce,(9) surtiendo efectos dicha notificación al día hábil siguiente, es decir, el doce de diciembre. El plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del lunes quince al lunes veintinueve de diciembre del mismo año, descontando los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veinticinco, veintisiete y veintiocho, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo vigente, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

19. En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el veintinueve de diciembre de dos mil catorce ante el órgano colegiado que conoció del amparo directo, puede concluirse que su interposición fue oportuna.

IV. Cuestiones necesarias para resolver el asunto

20. A fin de resolver sobre la procedencia y, eventualmente, sobre el fondo del presente asunto, se sintetizan a continuación los conceptos de violación expresados por el quejoso, las consideraciones del Tribunal Colegiado para conceder el amparo y, finalmente, los agravios expresados en el recurso de revisión por la parte tercero interesada:

21. Demanda de amparo directo. Los conceptos de violación formulados por el quejoso pueden resumirse de la forma siguiente:

21.1. El quejoso manifestó su inconformidad con la interpretación que del artículo 234 del Código Civil Local(10) realizó la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, particularmente, en relación con los supuestos de los cuales depende la actualización de la obligación de los abuelos de otorgar alimentos a sus nietos.

21.2. El quejoso argumentó que, de conformidad con el numeral invocado, corresponde a los progenitores la obligación de dar alimentos a sus hijos y si bien, en el caso, reconoció que el padre de su nieto falleció, estimó que subsiste como deudora alimentaria la madre del mismo. Continuó diciendo que la madre supérstite del menor no se encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones alimentarias, toda vez que no padece de ningún impedimento físico o mental para hacerse de un trabajo y cumplir económicamente con el sostenimiento de su hijo menor.

21.3. Refirió, en el mismo sentido, que la incapacidad a que alude el artículo 234 del Código Civil Local "no tiene una connotación necesariamente económica", pues se refiere a la "aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza". Al respecto, el quejoso sostuvo que la madre del menor tiene facultades suficientes para buscar actividades remuneradas e, incluso, señaló que el oficio al que la señora se dedica (manicurista) es lo suficientemente remunerativo. Adujo, además, que la madre del menor se encuentra en una relación sentimental con una persona que le auxilia en el cuidado y manutención de su hijo.

21.4. Por otra parte, el quejoso sostuvo que, de actualizarse el supuesto previsto en el artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre la obligación subsidiaria de los abuelos, el abuelo materno del menor, quien labora en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, sería también responsable de dar alimentos a su menor nieto.

21.5. Finalmente, el quejoso manifestó que si en algún momento auxilió con la manutención de su nieto, ello fue únicamente por cumplir con una obligación moral, no así legal, y agregó que si la actividad laboral que realiza la madre del menor es irregular y sin ingresos fijos, ello no puede ser imputable a él, por lo que criticó como subjetiva la apreciación de la Sala responsable.

22. Sentencia recurrida. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito estimó que los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo eran fundados y, en consecuencia, otorgó el amparo solicitado. Los razonamientos vertidos en su resolución pueden sintetizarse del modo siguiente:

22.1. De la lectura del artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el tribunal de amparo desprendió que sólo ante la falta o imposibilidad de ambos padres recae en los demás ascendientes la obligación alimentaria. Al respecto, sostuvo que la obligación de los abuelos y demás parientes de los menores es subsidiaria y opera un grado de prelación. En consecuencia, afirmó que, en el caso concreto, si bien quedó acreditada la muerte del padre del menor, la parte actora en el juicio de alimentos no comprobó su propia imposibilidad física o mental para proporcionar alimentos a su menor hijo.

22.2. El Tribunal Colegiado sostuvo que, dada la naturaleza de la acción de alimentos, cuando ésta se dirige contra personas distintas de los progenitores de un menor, debe acreditarse la imposibilidad física o material de éstos para cumplir con su obligación. En el caso concreto, el tribunal concluyó que la madre del menor demostró tener una fuente de ingresos que le reditúa un ingreso mensual de mil quinientos pesos -según lo desprendió del estudio socioeconómico pericial desahogado en el juicio de origen-. De ahí que dicho tribunal federal resolviera que la madre del menor no demostró su propia imposibilidad, a fin de actualizar la obligación de los abuelos para dar alimentos.

22.3. El tribunal federal apoyó su determinación en los criterios jurisprudenciales publicados en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y sustentados por la extinta Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, POR ASCENDIENTES DE LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." y "ALIMENTOS. PRELACIÓN ENTRE LOS DEUDORES ALIMENTISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."

22.4. Finalmente, el tribunal precisó que su decisión no desatendía el interés superior del menor, ya que el derecho alimentario del niño involucrado sería colmado por su progenitora.

23. Agravios. El recurso de revisión contiene los siguientes motivos de inconformidad:

23.1. En el primer agravio, la recurrente manifiesta que el Tribunal Colegiado violó los principios de interpretación conforme, imparcialidad de las sentencias e interés superior del menor, así como de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e igualdad, previstos en los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

De manera central, la recurrente sostiene que una correcta interpretación del artículo 234 del Código Civil Local lleva a concluir que, en tanto la parte actora en el juicio de origen, no estaba obligada a acreditar su incapacidad física o mental para dar alimentos a su menor hijo, toda vez que era suficiente con demostrar su imposibilidad económica o carencia de bienes para justificar la actualización de la obligación alimentaria a cargo del abuelo demandado.

Al respecto, la inconforme señala, en primer lugar, que no se debate la obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos, pues ella misma cumple con la misma en la medida de sus posibilidades. En segundo lugar, afirma que la falta del padre de su hijo es evidente, al haberse acreditado su fallecimiento. Finalmente, en relación con la imposibilidad a que alude el artículo 234 del Código Civil, la recurrente argumenta que ésta no se refiere necesariamente a la discapacidad física o mental de los padres, sino a la mera imposibilidad económica y carencia de bienes, como acontece en el caso.

La recurrente afirma que, como se desprende de la tesis aislada 1a. CCCLXIV/2014 (10a.), de esta Primera Sala,(11) la imposibilidad a que alude el artículo 239 del código veracruzano se refiere a un aspecto de insuficiencia para cumplir con la obligación de dar alimentos, es decir, a una situación de carencia de bienes o impedimento absoluto del deudor alimentario preferente para proporcionarlos, situación que justifica la carga impuesta a los demás ascendientes por ambas líneas.

En este sentido, la recurrente insiste en que sus ingresos son insuficientes para cumplir adecuadamente con las necesidades de su hijo menor. Afirma que éste carece de servicio médico y bienes propios; que sus ingresos no son suficientes para la alimentación sana de aquél y su desarrollo integral, así como atender sus necesidades de vestido, casa habitación y educación. Al no atender a dichas cuestiones -continúa- el Tribunal Colegiado violó lo previsto en los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

23.2. En el segundo agravio, la tercero interesada aduce que, contrario a lo resuelto por el tribunal del conocimiento, el ingreso de mil quinientos pesos mensuales que obtiene es insuficiente para mantener a su menor hijo, razón por la cual, solicita una adecuada interpretación del artículo 234 del Código Civil Local, a fin de que todos los parientes del menor en conjunto, como una familia, se vean obligados a velar por su bienestar.

La recurrente afirma que eximir de responsabilidad al abuelo paterno, como deudor solidario, implica ir en contra de las normas constitucionales y convencionales que hacen referencia a los alimentos, la imparcialidad y la igualdad de género. Argumenta, en tal sentido, que el Estado está obligado a tomar las medidas activas para apoyarla a garantizar los derechos alimentarios de su hijo, a fin de satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento en un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral.

23.3. En el tercer agravio, la recurrente afirma que le causa agravio que el Tribunal Colegiado del conocimiento haya aplicado a su caso el mismo criterio que a otros resueltos por el propio tribunal, en los cuales no se acreditó la falta de uno de los progenitores del deudor alimentario, mientras que en el presente asunto es fehaciente el fallecimiento del padre del niño.

23.4. Asimismo, en el cuarto agravio, la recurrente sostiene que la sentencia recurrida es incongruente y está fuera de lógica, toda vez que el derecho de alimentos de los menores es un derecho humano, reconocido en la Carta Magna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de ser una cuestión de orden público. A su parecer, ello implica que el principio de interés superior del menor se encuentra por encima de los derechos de las personas adultas, en contraposición de lo resuelto por el Tribunal Colegiado.

23.5. Finalmente, en el quinto agravio, la inconforme aduce que la sentencia recurrida genera una discriminación de género y es, en consecuencia, violatoria del derecho a la igualdad. Lo anterior derivado de la situación desigual en la que se encuentra ella, respecto del abuelo paterno del menor. Así, a su parecer, el Tribunal Colegiado ubica a las partes en un total plano de desigualdad, pues dicho órgano jurisdiccional pretende que ella solvente por sí sola los alimentos del niño involucrado, a pesar de que sus ingresos no son suficientes, cuando el deudor solidario sí estaría en condiciones de colaborar en la manutención del menor. Por lo tanto, la recurrente estima que, a fin de dar plena eficacia al derecho del menor de percibir alimentos, debió concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal.

V. Procedencia

24. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal,(12) 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(13) 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(14) asimismo, en el punto primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Número 9/2015, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de junio de dos mil quince.(15) De los preceptos mencionados se advierte que, por regla general, las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, por ende, en principio son inatacables. Sin embargo, por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión, siempre que en ellas se decidan o se hubiera omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos tanto la inconstitucionalidad de una norma, como la interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal o de algún derecho humano previsto en algún tratado de índole internacional en que el Estado Mexicano sea Parte.

25. De ahí que dicho medio de impugnación es procedente: a) cuando subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad de leyes; b) cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; y, c) cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o de un derecho humano establecido en un tratado internacional del que nuestro país sea Parte.(16)

26. Además, para la procedencia del recurso de revisión es necesario que el problema de constitucionalidad resuelto u omitido en el juicio de amparo sea considerado de importancia y trascendencia; sin que se surta tal requisito cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo y cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja o en casos análogos.

27. Planteamiento de constitucionalidad. Esta Primera Sala estima que en el presente asunto se surten los requisitos precisados. Lo anterior, toda vez que tanto de los conceptos de violación de la demanda de amparo directo, como de la sentencia ahora recurrida y de los agravios formulados por la tercera interesada, se aprecia que la litis del caso conlleva el análisis de la obligación alimentaria derivada del parentesco, a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

28. A dicha problemática constitucional se avocó el tribunal federal que conoció del amparo directo, y su interpretación del artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz ha sido combatida por la tercero interesada. En efecto, en su escrito de agravios, la parte recurrente expresó argumentos tendentes a desvirtuar las consideraciones emitidas por el Tribunal Colegiado, ya que adujo, en esencia, que dicho órgano de control jurisdiccional no interpretó la obligación alimentaria derivada del parentesco a la luz del interés superior del menor.

29. Importancia y trascendencia. En lo respectivo a los criterios de importancia y trascendencia, esta Primera Sala estima que los mismos también se satisfacen en el caso particular. En efecto, le corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de garante constitucional, definir los alcances de la obligación alimentaria exigida a los ascendientes, a la luz de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

30. En consecuencia, existiendo planteamientos importantes y suficientes de constitucionalidad para colmar los requisitos de procedencia del recurso de revisión, se determina que el presente recurso es procedente.

VI. Consideraciones y fundamentos

31. Materia de análisis constitucional. Esta Primera Sala advierte que el estudio del presente recurso se circunscribe a los agravios de la recurrente encaminados a cuestionar la interpretación del artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz, realizada por el Tribunal Colegiado, a la luz de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, debiéndose entonces definir el contenido y los alcances de la obligación alimentaria exigida a los ascendientes. Este análisis se hará a través de las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el origen de la institución jurídica de los alimentos?

• ¿Es constitucional la naturaleza subsidiaria de las obligaciones alimentarias de los ascendientes distintos a los progenitores respecto de un niño o niña?

• ¿Cuáles son los requisitos establecidos en la legislación de Veracruz para que los abuelos asuman una obligación alimentaria con sus nietos?

Primera cuestión: ¿Cuál es el origen de la institución jurídica de los alimentos?

32. La doctrina y este Alto Tribunal han sido coincidentes en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir. En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. El cumplimiento de la obligación alimentaria, además, se considera de interés social y orden público.(17)

33. En relación con su origen, esta Primera Sala ha establecido que la obligación alimentaria surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas -menores, por ejemplo- a las que la ley les reconoce la imposibilidad para procurarse los medios para la subsistencia física y su desarrollo humano.(18) A dichas personas la legislación civil otorga la posibilidad de exigir lo necesario para colmar sus necesidades fundamentales. En consecuencia, para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos.

34. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos dependerá de la relación de familia existente entre acreedor y deudor, el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con la regulación específica y las circunstancias de cada caso concreto.(19)

35. Este Alto Tribunal ha señalado que el estado de necesidad referido surge, como su nombre lo indica, de la necesidad y no de la comodidad, por lo que es evidente que quien tiene posibilidades para trabajar no puede exigir de otro la satisfacción de sus necesidades básicas. Además, se trata de un derecho estrictamente individual, por lo que para que se actualice la obligación de alimentos es necesario tener en cuenta la necesidad del acreedor de los mismos y no la de las personas que tiene a su cargo.(20)

36. Por otra parte, en cuanto al contenido material de la obligación de alimentos, debe decirse que la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para sobrevivir. Al respecto, esta Primera Sala recientemente resolvió el amparo directo en revisión 1200/2014, en sesión del ocho de octubre de dos mil catorce, en el que advirtió que la institución de alimentos está íntimamente relacionada con el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno; de suerte tal que el pleno cumplimiento a la obligación alimentaria depende, a su vez, de la completa satisfacción de las necesidades arriba apuntadas.(21)

37. Para sustentarlo, se recordó que el derecho a los alimentos tiene como eje funcional la dignidad humana, concepto respecto del cual el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho humano que debe ser respetado en todo caso, al constituir la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. En consecuencia, se aclaró que si bien sería posible sostener que corresponde al Estado asegurar la dignidad humana mediante la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos a través de servicios sociales, es preciso considerar que los derechos humanos gozan de una doble cualidad, ya que si, por un lado, se configuran como derechos públicos subjetivos, también su exigencia se vislumbra bajo una función objetiva exigible en las relaciones entre particulares.(22)

38. En esta lógica, la legislación civil y familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato, la sociedad de convivencia y el divorcio. Al respecto, esta Primera Sala ha afirmado que, a diferencia de lo que ocurre con la obligación alimentaria entre parientes -que, como se verá más adelante, surge como como consecuencia de la solidaridad humana entre personas de una misma familia-, la obligación de los progenitores en relación con sus hijos se desprende directamente del ejercicio de la patria potestad.(23) En este último supuesto, la obligación alimentaria surge como resultado de un mandato expreso derivado del párrafo décimo del artículo 4o. de la Constitución Federal, que vincula a los progenitores a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral, siempre en el marco del principio del interés superior del menor. Por lo tanto, es posible afirmar que la obligación alimentaria recae de forma solidaria tanto en el padre, como en la madre, pues no cabe duda que conforme al principio de igualdad entre los progenitores constituye una obligación compartida sin distinción de género.

39. En efecto, si bien existe libertad de los progenitores para delimitar de común acuerdo las funciones y responsabilidades de cada uno, respecto a los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad para con sus menores descendientes, sin estereotipos ni roles de género predeterminados, resulta indudable que ambos padres se encuentran obligados a cumplir con la institución alimentaria de forma igualitaria y, por tanto, solidaria. Asimismo, esta Primera Sala considera importante agregar que, si bien la obligación de dar alimentos de los progenitores a sus hijos surge y se desarrolla dentro del marco de la patria potestad, ésta no termina necesariamente cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sino que se mantiene mientras éstos finalizan sus estudios y encuentran un trabajo que les permita independizarse económicamente.

40. También se debe resaltar que, a diferencia de los alimentos entre parientes, la obligación alimentaria de los padres para con los hijos reviste una fisonomía particular y se rige por normas específicas que contemplan su singularidad, como es el que no sea necesario acreditar la necesidad del alimentado, pues ésta se presume. En efecto, el hijo o hija menor de edad no requiere probar el elemento de necesidad para pedir alimentos, motivo por el que se configura un supuesto especial: basta la mera existencia del vínculo filial para hacer exigible la obligación alimentaria suficiente para alcanzar un nivel de vida adecuado.

41. Por otra parte, esta Primera Sala ha establecido que la obligación de dar alimentos que la ley señala a cargo de ascendientes de ulterior grado, descendientes, hermanos o parientes colaterales hasta el cuarto grado, respecto de un determinado sujeto, no deriva de la patria potestad, sino de un principio de solidaridad familiar, basado en una expectativa de asistencia recíproca.(24)

42. Así, el principio de solidaridad familiar surge a partir de situaciones de convivencia que responden a vínculos sanguíneos o afectivos. En efecto, tal solidaridad se manifiesta en asistencia y ayuda mutua que responde a una naturaleza circunstancial: la necesidad apremiante de un integrante de la familia y, por tanto, la exigencia de que el resto de las personas que componen a la misma satisfagan la carencia en cuestión, según el principio de proximidad: los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos.

43. Al respecto, debe destacarse que el principio de solidaridad familiar está configurado de muy diversas maneras por el legislador local en las entidades federativas y que, dentro de su naturaleza circunstancial, la solidaridad familiar sigue las reglas específicas de cada Estado de la Federación. En torno a las disposiciones particulares relativas a la obligación alimentaria derivada del parentesco consanguíneo contenidas en la legislación del Estado de Veracruz, deben destacarse las siguientes:

Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

"Artículo 234. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás descendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado."

"Artículo 236. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos.

"Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado."

"Artículo 237. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado que fueren incapaces."

44. De la normativa transcrita se desprende que el legislador previó una prelación de deudores alimenticios a la luz del interés superior del menor. En primer lugar, es a los progenitores en quienes recae en inicio la obligación de garantizar, proteger y respetar el derecho humano a un nivel de vida adecuado de los niños y niñas. Es decir, los padres son los obligados primarios, por lo que solamente en caso de faltar o estar imposibilitados, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. En segundo lugar, si bien el resto de las personas enumeradas distintas a los progenitores responden a un principio de solidaridad, respecto de los menores en una familia, no lo hacen de forma solidaria, en términos de la teoría general de las obligaciones -esquema en el cual es posible reclamar la obligación de forma indistinta a cualquiera de los deudores o a todos en conjunto-, sino de conformidad al orden establecido por el legislador, de configuración subsidiaria y, por tanto, excluyente.

45. Es en este contexto legal en el que la recurrente alega, esencialmente, que la interpretación debida de la legislación civil de Veracruz, es que la "imposibilidad" de los progenitores establecida en el artículo 234 sea entendida en términos estrictamente materiales o económicos; de forma tal que si uno de los padres ha fallecido y el otro tiene dificultades económicas o carencia de bienes, es dable demandar al ascendiente más próximo en grado que sí cuente con los medios para apoyar la manutención de un menor. En este sentido, la recurrente aduce que, ante la insuficiencia de ingresos del progenitor supérstite, los parientes del menor en conjunto, como familia, están obligados a velar por el bienestar de su hijo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.

46. A fin de dar cabal respuesta a sus planteamientos, esta Primera Sala analizará a continuación la naturaleza subsidiaria de la obligación referida y verificará si la misma es respetuosa del marco constitucional.

Segunda cuestión: ¿Es constitucional la naturaleza subsidiaria de las obligaciones alimentarias de los ascendientes distintos a los progenitores de un niño o niña?

47. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 676/2013,(25) se refirió al proceso reformador que dio origen al texto actual del artículo 4o. de la Constitución Federal, publicado el siete de abril de dos mil en el Diario Oficial de la Federación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 4o.

"...

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
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